El fiscal general negó "rotundamente" haber filtrado a la prensa el correo que implica al novio de Ayuso

El Tribunal Supremo investiga la presunta revelación de secretos relacionada con el fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, tras la difusión a la prensa de un correo electrónico en el marco del caso de Alberto González Amador, pareja de la presidenta madrileña Isabel Díaz Ayuso. En el foco están las declaraciones del propio González Amador y del jefe de gabinete de Ayuso, Miguel Ángel Rodríguez.

Precisamente este viernes se ha filtrado el vídeo que recoge la declaración del  fiscal general del Estado el pasado 29 de enero, como investigado ante el Tribunal Supremo, cuando negó rotundamente haber facilitado, divulgado o revelado la denuncia, el expediente tributario o cualquiera de los correos relativos a González Amador.

En este contexto, cabe recordar que durante su testimonio como testigo, el pasado 23 de mayo, González Amador afirmó que dejó en manos de Rodríguez la decisión de enviar a la prensa el correo del fiscal. “Haz lo que consideres”, le respondió cuando su interlocutor le preguntó si tenía inconveniente en difundir un mensaje recibido por su abogado. En dicho mensaje, el fiscal Julián Salto indicaba que no veía "obstáculo" para alcanzar un acuerdo en el procedimiento que investiga al empresario por presunto fraude fiscal.

González Amador explicó que su intención era que el proceso transcurriera “con el menor ruido posible”, y señaló que nunca fue consultado sobre el correo que su abogado envió a la Fiscalía ofreciendo una conformidad, en la que se reconocía el fraude. Aseguró haberse enterado por la prensa del contenido del correo y reaccionó con un “cabreo monumental”, al ver que, según sus palabras, se le etiquetaba públicamente como “defraudador confeso”.

Por su parte, Rodríguez testificó el pasado 8 de enero ante el Supremo que su acusación al fiscal general por la supuesta filtración fue una “deducción” personal. Alegó que solo dos partes tenían acceso al expediente: la Fiscalía y el abogado de González Amador. Así, como consideraba que el abogado no fue, concluyó que el origen debía estar en la Fiscalía. La abogada del Estado le corrigió, recordando que el expediente ya estaba en manos del Decanato tras la denuncia presentada veinte días antes.

La revelación de las imágenes de estas declaraciones, recientemente autorizadas por el tribunal, aportan nuevos matices al caso. Las defensas y acusaciones tendrán acceso a ellas de cara al juicio previsto para noviembre, en el que García Ortiz se enfrenta a una petición de entre cuatro y seis años de prisión, acusado de un delito de revelación de secretos, mientras que González Amador está citado como testigo.

El empresario insistió en su deseo de haber sido tratado como “un ciudadano cualquiera” y defendió que había mantenido informado a Rodríguez para proteger a su pareja, al sentirse utilizado como “ariete” contra Ayuso. También negó haber cometido fraude, aunque terminó respaldando la estrategia legal de su abogado una vez entendió su enfoque.