Ábalos comparece ante el juez en una cita clave en la que se juega entrar en prisión
El exministro del Gobierno español Jose Luis Ábalos está citado para declarar ante el magistrado Leopoldo Puente, que revisará su situación de libertad tras escuchar sus explicaciones ante un informe que detectó "desembolsos" de 95.437 euros de ingresos sin declarar, así como descuadres en algunos pagos en efectivo que le hizo el PSOE.
Lo hará en un contexto anómalo, pues salvo sorpresa de última hora le acompañará el letrado José Aníbal Álvarez, a cuyos servicios renunció el lunes por "diferencias irreconducibles", un escenario que el magistrado no ha aceptado por considerarlo "fraude de ley".
El letrado ha confirmado que irá al Supremo y cumplirá con lo que ordena el magistrado, que reprochó esa maniobra de Ábalos por considerarla un intento de forzar la suspensión de la cita y la vistilla.
Su declaración se antoja una incógnita pues se desconoce si responderá a las preguntas del juez y del fiscal o se acogerá a su derecho a no declarar, si bien en sus comparecencias anteriores contestó tanto al magistrado como a su abogado.
En todo caso será clave de cara a la vistilla que se celebrará después para revisar sus medidas cautelares. Ahora mismo tiene impuestas la retirada de pasaporte, la prohibición de salir del país y comparecencias en el juzgado.
De esta forma Ábalos se juega entrar en prisión, una petición que ya solicitaron las acusaciones populares la última vez y que la Fiscalía estudiará en función de cómo transcurra la cita. De momento, algunas acusaciones avanzan a EFE que pedirán prisión.
Puente ha llamado al exministro por cuarta ocasión a declarar, esta vez tras el informe de la UCO que detectó gastos de 95.437 euros que provendrían de "ingresos no declarados", así como pagos en efectivo del PSOE que no cuadran con la documentación que este partido remitió al Tribunal Supremo.
El también exdirigente socialista está investigado por presuntas comisiones en adjudicaciones de contratos de mascarillas en plena pandemia y, en otra rama del caso que también afecta a su sucesor en el partido, Santos Cerdán, por supuestas mordidas en contrataciones de obra pública cuando él estaba al frente del Ministerio de Transportes.
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