El Gobierno español propone a Teresa Peramato como nueva fiscal general del Estado
Teresa Peramato. Foto: EFE
El Gobierno de España ha propuesto a Teresa Peramato como nueva fiscal general del Estado, apenas un día después de la dimisión de Álvaro García Ortiz. La designación se ha producido con carácter de urgencia, después de que el hasta ahora fiscal general haya renunciado tras ser condenado por el Tribunal Supremo por un delito de revelación de secretos.
Peramato es fiscal de carrera con 35 años de ejercicio y tiene el reconocimiento unánime de los operadores jurídicos. Además también ocupa el cargo de fiscal de Sala Delegada para la Protección y Tutela de las Víctimas en el Proceso Penal.
Tiene una amplia trayectoria especialmente en materia de lucha contra la violencia de género. De hecho, es considerada una de las grandes impulsoras de la especialización judicial en esta materia.
Este nombramiento tiene lugar un día después de que Álvaro García Ortiz presentara su renuncia como fiscal general del Estado tras haber sido condenado por el Tribunal Supremo (TS) a dos años de inhabilitación para el cargo por un delito de revelación de secretos contra Alberto González Amador, el novio de la presidenta madrileña, Isabel Díaz Ayuso.
En cuanto al proceso de nombramiento, según explican fuentes judiciales, una vez aprobada la propuesta, el CGPJ deberá emitir un informe no vinculante. Posteriormente, Peramato comparecerá ante la Comisión de Justicia del Congreso de los Diputados. Cuando se hayan realizado estos trámites, el Gobierno acordará su nombramiento definitivo como fiscal general del Estado.
La propuesta llega en un momento especialmente delicado para la institución. Ayer, García Ortiz presentó su renuncia al ministro de Justicia, Félix Bolaños, tras conocerse el fallo del Supremo, que le ha impuesto dos años de inhabilitación, una multa de 7.200 euros y una indemnización de 10.000 euros por filtrar un correo electrónico relacionado con la defensa de Alberto González Amador, pareja de Isabel Díaz Ayuso.
En su carta de dimisión, el ya ex fiscal general aseguró que abandonaba el cargo “sin esperar siquiera a conocer la motivación de la sentencia”, y defendió haber actuado siempre “con vocación de servicio público”. La resolución del Supremo, que ha contado con un voto particular de dos magistradas, se conocerá íntegramente en los próximos días.
Mientras tanto, el Gobierno ha acelerado el relevo al frente de la Fiscalía General del Estado para garantizar la “estabilidad institucional” y que la nueva responsable pueda asumir el cargo en cuanto se completen los trámites preceptivos.
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