La Fiscalía y la Abogacía apoyan amnistiar a Puigdemont ante la negativa del Supremo
El Ministerio Público y la Abogacía del Estado han presentado sus escritos ante la corte de garantías del Tribunal Constitucional en los que abogan por estimar el recurso de amparo del expresident contra la decisión del Tribunal Supremo de no aplicarle la amnistía por el delito de malversación. Ambos organismos consideran que el alto tribunal debió de aplicarle la amnistía y critican que el supremo interpretó la Ley de Amnistía de forma "irrazonable y arbitraria" pera esquivar su aplicación.
La Fiscalía y la Abogacía del Estado han pedido al Tribunal Constitucional que conceda el amparo al expresident catalán Carles Puigdemont ante la negativa del Tribunal Supremo de no aplicarle la Ley de Amnistía contra la decisión del Tribunal Supremo de no aplicar la amnistía al delito de malversación por el que fue procesado en rebeldía, al considerar que se vulneró el derecho del expresident a tutela judicial efectiva en la aplicación de la ley de amnistía.
Ambos organismos consideran que el alto tribunal debió de aplicarle la amnistía y critican que el Supremo interpretó la Ley de Amnistía de forma "irrazonable y arbitraria" para esquivar su aplicación.
Sostienen que la ley busca perdonar los delitos relacionados con el Procés, incluida la malversación, salvo los casos en los que concurra un enriquecimiento personal, un hecho que entienden no se puede aplicar a Puigdemont, ya que no existen pruebas que demuestren que este obtuviera beneficio patrimonial personal, por lo que el rechazo del Supremo carecería de fundamento.
Con sendos escritos ya sobre la mesa, la decisión de la corte de garantías está cada vez mas cerca, pero condicionada a lo que el Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) decida sobre las cuestiones prejudiciales que elevaron los tribunales españoles, un fallo que se espera que se conozca como tarde en el mes de marzo.
El abogado general del TJUE ya despejó el camino cuando el pasado noviembre avaló la ley en un informe en el que dijo que la norma se dio "en un contexto real de reconciliación política y social" y que "no existe un vínculo" directo entre los gastos del Procés y un perjuicio a las finanzas europeas, como sí entiende el Supremo.
Una vez que la Justicia europea resuelva esta cuestión, el Constitucional ya sí podrá abordar directamente la resolución del recurso que, incluso en caso de que fuera favorable al expresident, correspondería siempre al alto tribunal su aplicación.
Mientras tanto, Puigdemont continúa sin poder regresar a España una vez que hace dos semanas el Tribunal Constitucional acordó por una mayoría de 10 a 1 mantener la orden de detención nacional que pesa contra el expresident catalán, en tanto en cuanto el Constitucional resuelve el recurso de amparo.
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