La ley de multirreincidencia endurece las penas por robos de móviles, estafas o por prestar apoyo logístico a narcos

La ley de multirreincidencia, que modifica el Código Penal y la Ley de Enjuiciamiento Criminal, endurece las penas por robos de móviles, estafas en el ámbito digital y el petaqueo (prestar apoyo logístico a los narcos), entre otros delitos. 

La reforma, impulsada por Junts y apoyada por PSOE, PP, Vox y PNV, impondrá una multa de uno a tres meses si la cuantía de lo sustraído no excede de 400 euros, pero el castigo del hurto podrá ampliarse a una pena de prisión de uno a tres años si concurren circunstancias como haber sido condenado ejecutoriamente por otros tres delitos menos graves.

Y se añadió otro agravante para elevar la pena: sustraer un móvil u otro aparato informático con datos personales. De hecho, no se aplica en el caso de hurtos de móviles nuevos en una tienda.

En otra enmienda pactada con PP, PSOE y PNV, se entiende la previsión del castigo por multirreincidencia a los casos de estafa, con ánimo de lucro, "cuando se utilizaren engaño bastante para producir error en otro". Para la fijación de la pena se tendrá en cuenta el importe de lo defraudado, el quebranto económico causado al perjudicado, las relaciones entre éste y el defraudador, los medios empleados por éste y cuantas otras circunstancias sirvan para valorar la gravedad de la infracción.

Una modificación pactada con el PSOE y el PNV permitirá imponer cautelarmente al delincuente "la prohibición de acudir a determinados lugares, barrios, municipios, provincias u otras entidades locales, o comunidades autónomas, o de aproximarse o comunicarse, con la graduación que sea precisa, a determinadas personas".

Por último, se establece una pena de prisión de uno a cinco años a por el llamado 'petaqueo' que resta apoyo logístico a las narcolanchas al castigarse "la adquisición, tenencia, depósito, almacenamiento, transporte, o suministro, con temeridad manifiesta, de cualquier forma de combustibles líquidos" contraviniendo las leyes u otras disposiciones de carácter general.