Torres anuncia "discriminaciones" en la futura ley vasca de participación para sindicatos que "no quieran participar"

El vicelehendakari y consejero de Economía, Trabajo y Empleo, Mikel Torres, ha advertido que en la futura ley vasca de Participación Institucional habrá "discriminaciones" y “consecuencias" para los agentes sociales que no quieran participar en los órganos de dirección colegiada. Según ha dicho, esta ley pretende "consolidar el papel estructural del diálogo social en Euskadi".

Torres ha hecho estas declaraciones este martes tras la reunión de la Mesa de Diálogo Social de Euskadi, conformada por Gobierno Vasco, Confebask, y los sindicatos CC. OO. y UGT (los dos sindicatos mayoritarios en Euskadi, ELA y LAB, no participan en este foro), en la que además de acordar las bases de la futura ley vasca de Participación Institucional, se ha pactado también un paquete de medidas para hacer frente a los efectos económicos derivados del conflicto en Oriente Medio, el avance en el desarrollo del modelo propio de formación para personas trabajadoras y la creación de un grupo de trabajo sobre migraciones en el mercado laboral vasco.

En ese foro se ha acordado "establecer un marco común y estable para reforzar la participación institucional y el diálogo social en Euskadi", a través de una futura ley. Torres ha manifestado que "quienes no quieran participar, no pueden tener el mismo beneficio de aquellos que sí participan".

El vicelehendakari ha señalado que la futura ley regulará "las consecuencias de la falta de participación efectiva de los agentes sociales", para que su participación sea "obligatoria". "Todos tienen el valor de poder participar y contribuir en el ámbito directo e institucional y está claro que aquellas personas u organizaciones que no quieran participar no pueden tener el mismo beneficio de aquellas que sí participan en esos procesos", ha indicado.

Torres ha adelantado que el desarrollo de las bases de la futura norma “está todavía por definir y por elaborar”, pero ha hecho hincapié en que pretende tener un “efecto positivo” para que los sindicatos quieran participar, por lo que han contemplado una "discriminación sobre los que no quieran participar".