La Fiscalía archiva la denuncia del Defensor del Paciente por el caso de las vacunas caducadas en Osakidetza

La Fiscalía ha archivado la denuncia presentada por la asociación El Defensor del Paciente por el caso de las vacunas caducadas administradas en Osakidetza, según ha confirmado el Ministerio Público a EITB.

La resolución considera que no está acreditado que las dosis causaran un "resultado lesivo" en quien las recibió. 

A su entender, sí se dio una "situación de riesgo" al carecer los pacientes -la mayoría bebés- "del efecto de protección" que dispensan los sueros, pero considera "discutible" que ello pueda "traspasar la barrera penal".

Entiende de este modo que no ha quedado acreditado "de forma suficiente" una reacción lesiva, hecho que sí se encuadraría dentro de los delitos contra la salud pública (artículo 361 del Código Penal).

A su juicio, lo acontecido no podía calificarse de error "sino negligencia y/o falta de cuidado". ,Sin embargo, la Fiscal Superior del País Vasco, Carmen Adán, ha acordado el archivo de las diligencias investigación -sin posibilidad de recurso- en un escrito firmado el pasado 21 de mayo.

En el documento, si advierte por contra que en la documentación trasladada desde Osakidetza con relación a las vacunas suministradas -tipo, laboratorio, fecha de caducidad- "algunas de las comunicaciones son incompletas o aparecen con medio folio en blanco rompiendo la trazabilidad de los correos".

El caso salió a la luz después de que Osakidetza detectara la administración de vacunas hexavalentes caducadas a menores entre diciembre de 2025 y enero de 2026. Tras conocerse los hechos, el Departamento de Salud y Osakidetza constituyeron un Comité de Investigación y Trazabilidad de Vacunas para analizar lo ocurrido y proponer mejoras.

El informe elaborado por ese comité concluyó que se produjeron errores en distintas fases del proceso de trazabilidad y gestión de las vacunas. Entre las causas identificadas figuraban la compra de un volumen de dosis superior al habitual en 2023, la acumulación de stock con fechas de caducidad próximas, deficiencias en la gestión de los equipos refrigeradores y errores en la administración y el registro de las dosis.

Tras conocer las conclusiones, el consejero de Salud, Alberto Martínez, anunció un paquete de medidas inmediatas y a medio plazo para reforzar la seguridad del sistema de vacunación. Entre ellas, la revisión de los criterios de compra, la designación de responsables de vacunación en cada centro de salud, nuevos protocolos para la gestión de vacunas y refrigeradores, así como el desarrollo de herramientas digitales para mejorar la trazabilidad de las dosis.

Martínez defendió entonces que "en ningún momento" existió riesgo para la salud de los menores afectados y aseguró que el sistema de vacunación de Osakidetza mantiene una elevada eficacia, aunque reconoció la necesidad de reforzar los mecanismos de control para evitar nuevos errores.

La decisión de la Fiscalía de archivar la denuncia se conoce tres meses después de la presentación de las conclusiones del comité investigador y de la puesta en marcha de las medidas correctoras anunciadas por el Departamento de Salud.