El Gobierno español ve "jurídicamente posible" un referéndum en Treviño siempre que se den todos los pasos legales
El ministro de Política Territorial y Memoria Democrática, Ángel Víctor Torres, ha admitido este miércoles que es "jurídicamente posible" celebrar un referéndum sobre el futuro del enclave burgalés de Treviño en Álava, pero antes hay que llevar a cabo "todos los pasos que marca el ordenamiento jurídico".
Torres ha hecho estas afirmaciones en respuesta en el Pleno del Congreso a una pregunta del diputado del PNV Mikel Legarda, interesado en saber si el Gobierno autorizará un referéndum, si así lo solicitan los ayuntamientos del enclave de Treviño, para su incorporación a Araba/Álava de acuerdo con la legislación en vigor.
"La respuesta es clara, es jurídicamente posible", ha respondido el ministro, que a renglón seguido ha explicado que previamente "hay que ir cumpliendo los pasos que exigen darse" en el marco del ordenamiento jurídico en vigor y contar antes de nada con los "imprescindibles" informes de las administraciones implicadas.
El diputado del PNV, que ha calificado de "brumosa" la respuesta del ministro, ha repasado las sucesivas reivindicaciones de los habitantes de este territorio, desde el siglo XVII, por pasar a Álava y ha preguntado a Torres si "no sería mejor preguntar directamente a las y los treviñeses qué quisieran hacer con sus vidas".
El titular de Política Territorial ha reconocido a Legarda que "no le falta razón lógica a su planteamiento", pero ha replicado que "lo que ocurre es que el ordenamiento jurídico lo que marca es que es preciso que haya previamente un informe favorable de la Diputación de Burgos y también un informe favorable de la Junta de Castilla y León para que esto se pueda realizar".
Ángel Víctor Torres ha advertido de que esta "situación singular" no se corresponde con una competencia municipal en el marco de la ley de bases de régimen local sino que entronca con los estatutos de Gernika y de Castilla y León.
En este sentido ha señalado que existen "previos pasos que además el Tribunal Supremo así ha acreditado que se deben dar" y que el Gobierno tiene que "defender el Estado de derecho" y dar esos pasos "preceptivos y absolutamente necesarios".
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