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El PP cierra un acuerdo con Vox en Castilla y León

Después de casi tres meses de negociación, el Partido Popular y Vox firmarán a las 12:00 su pacto de gobierno en Castilla y León. La formación de Santiago Abascal ha garantizado la inclusión de la "prioridad nacional" en las ayudas, quedando pendiente definir si se adoptará el modelo de empadronamiento de Extremadura o el de Aragón.

Alfonso Fernández Mañueco
Alfonso Fernández Mañueco (PP). Foto de archivo de EFE

El PP y Vox han cerrado un acuerdo de gobierno de coalición para Castilla y León, en la línea de los pactos alcanzados por ambas formaciones en Extremadura y Aragón. El pacto, que incluye el reparto de departamentos y la implementación de la "prioridad nacional" para acceder a ayudas públicas, se anunciará este mediodía, según han confirmado fuentes de la negociación.

Alfonso Fernández Mañueco, presidente en funciones de la Junta de Castilla y León y candidato a la investidura por el PP, y Carlos Pollán, portavoz de Vox en las Cortes, detallarán el contenido del acuerdo, la distribución de las consejerías y los plazos fijados para cumplir cada compromiso en una comparecencia conjunta en la sede parlamentaria.

Durante las últimas semanas de intensas negociaciones, Vox ha dado por seguro que el concepto de "prioridad nacional" formaría parte del texto final. Queda por ver si optan por la fórmula de Extremadura —que vincula las ayudas al empadronamiento en la propia comunidad autónoma— o por la de Aragón, que extiende el requisito de empadronamiento al conjunto de España. 

Este matiz es clave, ya que la primera opción podría penalizar a los emigrantes castellanoleoneses residentes en otras comunidades que planeen regresar y solicitar ayudas de vivienda.

El documento también deberá aclarar la postura de ambos partidos ante la acogida de menores extranjeros no acompañados y las relaciones con los sindicatos, principales escollos que provocaron la ruptura del anterior ejecutivo de coalición en julio de 2024. 

Asimismo, queda pendiente conocer cómo abordarán la posible derogación del Decreto de Memoria Histórica y Democrática de Castilla y León, tras desmarcarse el PP en la pasada legislatura de la proposición de ley de concordia que ya habían pactado.

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