El Supremo propone llevar al Tribunal de Justicia de la UE la regularización de migrantes, que se cierra con 1,3 millones de solicitudes

El plazo abierto para la regularización extraordinaria de inmigrantes se cierra con una noticia de calado. El Tribunal Supremo ha planteado a comunidades autónomas que recurrieron la regularización impulsada por el Gobierno que se pronuncien sobre la procedencia de formular cuestión prejudicial al Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) ante la "duda" de "si podría entrar en colisión" con normativa comunitaria.  

A través de dos providencias, la Sala de lo Contencioso-Administrativo da un plazo de cinco días a las partes para que puedan expresar su parecer respecto a consultar al TJUE, tras recursos de la Comunidad Valenciana y Aragón.

"El régimen de regularización establecido en las mencionadas normas adicionales del real decreto suscita la duda de si podría entrar en colisión con las normas que implementan el PMAUE", el Pacto de Migración y Asilo.

El Supremo plantea si es “admisible”

De esta manera, los magistrados someten al parecer de las partes "si, pese a la vigencia de la Directiva de Retorno y su no trasposición por el Estado español, es admisible” que a esos migrantes “se les reconozca un derecho de residencia temporal con carácter general y por el mero hecho de la estancia irregular en España".

Las dos providencias han sido dictadas por la Sala Tercera del Supremo antes de resolver sobre las medidas cautelares solicitadas por las comunidades autónomas indicadas.

Valoración de Pedro Sánchez

La noticia ha saltado precisamente cuando se cierra el plazo para acogerse a esta regularización extraordinaria. El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha afirmado que el proceso para la regularización extraordinaria de inmigrantes ha recibido más de un millón de solicitudes (han sido alrededor de 1,3 millones), una cifra que demuestra, ha subrayado, que "era una medida necesaria". 

Lo ha señalado durante la inauguración de la presentación celebrada este martes en Madrid del Plan de Integración y Ciudadanía, que, según ha anunciado, estará dotado con 500 millones de euros el primer año y cuya primera medida es, precisamente, esta regularización para dar permiso de residencia y trabajo a quienes ya viven en España. 

Sánchez ha detallado otras medidas dentro del plan, compuesto por 4 ejes, 16 medidas y 10 objetivos hasta 2030, como una estrategia de movilidad laboral para abrir vías legales y seguras y la puesta en marcha de una agencia estatal de movilidad humana. 

Acerca del proceso de regularización, Sánchez ha destacado que detrás de cada petición hay una persona que ya vive en el país y que, a partir de ahora, formará parte de la sociedad con todos los derechos y deberes. 

El presidente del Gobierno ha defendido que "no hay integración posible sin regularidad" y "la exclusión no protege a nadie", ya que no otorga "prioridad nacional a nadie", sino que hace más vulnerable a quien llega y más difícil la tarea a la sociedad que acoge.