Dos años y medio de cárcel para el exconsejero madrileño Francisco Granados por el caso Púnica

La Audiencia Nacional ha condenado al exconsejero de presidencia de la Comunidad de Madrid y exalcalde de Valdemoro Francisco Granados a dos años y medio de prisión por delitos de fraude continuado y prevaricación en el marco del caso Púnica por favorecer a una empresa de festejos, Waiter Music, en la adjudicación de contratos públicos entre 2007 y 2014.

La sentencia considera probado que Granados, que fue consejero del Gobierno de Esperanza Aguirre, "mantuvo una capacidad de influencia continuada sobre los órganos decisores, aún sin ostentar formalmente competencia administrativa directa", y a cambio de esta relación obtuvo contraprestaciones en especie, en concreto eventos privados que sufragaba el empresario José Luis Huertas.

Igualmente, los exregidores de la localidad madrileña de Valdemoro, José Carlos Boza y José Miguel Moreno, han sido condenados a cuatro y dos años de cárcel, respectivamente. También ha sido condenado a dos años de cárcel el exsenador del PP David Erguido, que fue teniente de alcalde y concejal de festejos en Algete. Además, los exalcaldes de Ciempozuelos María Ángeles Herrera y de Moraleja de Enmedio Carlos Alberto Estrada han sido condenados a dos años de prisión.

Con Waiter Music o empresas relacionadas con José Luis Huerta Valbuena mantuvo contratos entre 2004 y 2013 el Ayuntamiento de Valdemoro y entre 2007 y 2011 los consistorios de Móstoles, San Martín de la Vega, Algete, Chinchón, Ciempozuelos, Torrejón de Velasco y Moraleja de Enmedio, todos ellos gobernados por el PP.

El empresario, que según la Fiscalía, era amigo de Granados, realizaba los festejos contratados y, a requerimiento de los políticos, también servicios extras que no eran facturados a requerimiento, bien para actos del PP municipal o para miembros del partido.

El empresario de Waiter Music, ya fallecido, realizaba estos encargos "para seguir contando con el favor de los diferentes políticos municipales en la adjudicación de festejos", y según la sentencia en algunos casos asumía el coste directamente mientras que en otros presentaba "facturas por un importe mayor al propio del beneficio mercantil del coste de los actos".

La adjudicación de contratos se producía en el ámbito de influencia de Granados en un contexto "en el que la relación personal y política facilitaba la obtención de decisiones favorables, en conexión con la obtención de beneficios económicos indirectos para el empresario", aunque este no ejerciera una influencia directa, dice la sentencia.

No ha quedado probado, según los magistrados de la Audiencia Nacional, que los ayuntamientos a los que se refiere la sentencia "hayan abonado gasto que no se corresponda a servicios realizados", por lo que no impone responsabilidad civil a los condenados, como solicitaba la acusación de Adade, que reclamaba cantidades de cientos de miles de euros a los distintos acusados.

Con esta sentencia, Granados recibe su segunda condena por el caso Púnica, un procedimiento por el que pasó dos años y medio en prisión preventiva.