La Fiscalía solicita la absolución de Begoña Gómez al considerar que no cometió ningún delito

La Fiscalía Provincial de Madrid ha oficializado ante el juez Juan Carlos Peinado la solicitud de absolución de Begoña Gómez, esposa del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, así como de su asesora Cristina Álvarez y el empresario Juan Carlos Barrabés, al considerar que no cometieron ningún delito.

Desde el Ministerio Público han pedido reiteradamente al juez instructor del 'caso Begoña Gómez' que archive la causa, y ya avanzaron hace meses que reclamarían la absolución de los tres acusados.

El juez, sin embargo, atribuye a Gómez y a su asesora presuntos delitos de tráfico de influencias, corrupción en los negocios, apropiación indebida y malversación de caudales públicos, mientras que a Barrabés le atribuye los dos primeros, aunque sin imponerle medidas cautelares.

Por su parte, las acusaciones populares que lidera asociación Hazte Oír reclaman 24 años de prisión para la esposa de Sánchez, 22 para la asesora y seis para Barrabés.

Recurso a la retirada de pasaporte

Peinado acordó el pasado mes de junio abrir juicio oral con jurado popular a Gómez, Álvarez y Barrabés y decretó diversas medidas cautelares, entre ellas la retirada del pasaporte a las dos primeras, prohibirles salir de España y obligarlas a firmar cada quince días en sede judicial "durante el tiempo que dure la tramitación de esta causa y hasta que sea dictada una resolución firme".

En este contexto, la Fiscalía ha recurrido la retirada del pasaporte a la esposa del presidente del Gobierno, y a su asesora, Cristina Álvarez, al considerar que esta medida es innecesaria porque tanto Gómez como Álvarez "carecen de vínculos con el extranjero" y "carecen de bienes o activos que permitan dicha fuga e instalación fuera de España".

La Fiscalía critica también que Begoña Gómez tenga que acudir cada 15 días al juzgado, una medida que considera "carente de sentido" porque no existe riesgo de fuga, y tacha de "carente de lógica y racionalidad" que Peinado apunte al auxilio de las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado en una eventual huida.

A su juicio, este argumento carece de justificación y de base racional y "extiende una sombra de sospecha infundada" sobre esas instituciones. "No es fácil imaginar y asumir la confabulación que visualiza el instructor, por otro lado, planteada sin mayor justificación", concluye.