El Constitucional desestima el recurso del Gobierno Vasco contra la Ley Estatal de Vivienda

El Tribunal Constitucional ha desestimado el recurso contra la Ley Estatal de Vivienda presentado por el Gobierno Vasco en 2024 al considerar que su articulado "contiene unas definiciones operativas para la propia ley" y además "no produce efectos de norma supletoria para las comunidades autónomas".

El alto tribunal ha informado de que en la sentencia se recoge además que la ley "orienta la actuación de todas las administraciones competentes" en materia de vivienda con el fin de "velar por el pleno ejercicio de los derechos derivados de la propiedad y favorecer el acceso a ella".

Asimismo, declara que en lo recogido en una de sus disposiciones "no implica que el índice de precios estatal vaya a prevalecer sobre el autonómico", ya que según agrega el texto "no impide que las comunidades autónomas puedan definir su propio índice de referencia para el ejercicio de sus competencias".

La sentencia, que ha contado con el voto particular de cinco magistrados, responde al recurso de inconstitucionalidad interpuesto por el Gobierno Vasco en 2024 contra la citada ley al considerar que vulneraba competencias de Euskadi.

El recurso lo elevó el Ejecutivo presidido en ese momento por el lehendakari, Iñigo Urkullu, una vez que se agotó sin acuerdo el plazo de negociación abierto con el Gobierno español. Se formalizó sin el acuerdo de los tres consejeros socialistas que integraban el Gobierno Vasco durante la pasada legislatura, que mantenían que le ley estatal ampliaba derechos también para la CAV.

Tras conocerse la sentencia, el actual consejero socialista de Vivienda, Denis Itxaso, ha aplaudido la decisión del Constitucional que, según ha dicho, respalda el despliegue en la CAV de instrumentos como las zonas tensionadas.

"La resolución no debe interpretarse en términos de una pérdida para Euskadi, sino como la confirmación de que la legislación estatal y las competencias vascas en materia de vivienda pueden complementarse para ampliar la capacidad de las administraciones públicas frente a la emergencia habitacional", ha señalado en un comunicado.