Así están las negociaciones sobre el ‘decreto Maricarmen'

El Gobierno central encara la aprobación del decreto de vivienda con las negociaciones todavía abiertas y con posiciones diferentes entre sus socios y las fuerzas que pueden facilitar su convalidación en el Congreso. El vicepresidente primero y ministro de Economía, Carlos Cuerpo, se ha mostrado “optimista” y ha defendido que todavía es posible alcanzar un acuerdo para aprobar este martes un texto “ambicioso”.

Desde el Ejecutivo sostienen que el decreto incluirá medidas en distintos ámbitos para responder a la emergencia habitacional, mientras que las formaciones de izquierda reclaman mayor protección frente a los desahucios y más regulación del mercado del alquiler. PNV y Junts, por su parte, han destacado la necesidad de combinar estas medidas con seguridad jurídica para propietarios e impulso de la oferta de vivienda.

Varios dirigentes territoriales del PP que han acudido este lunes a la reunión de la Junta Directiva del partido en Madrid han culpado al Gobierno de Pedro Sánchez de la crisis de la vivienda, y han coincidido en sugerir a los manifestantes que acampan en la Puerta del Sol desde el sábado que, por ello, tendrían que trasladar la protesta a la Moncloa.

Al llegar a la calle Génova, el alcalde de Badalona (Barcelona), Xavier García Albiol, ha dicho a la prensa que el decreto que pueda aprobar este martes el Consejo de Ministros va a conseguir "exactamente lo contrario" de lo que persigue el Gobierno, porque, en su opinión, va a "perjudicar" a "los jóvenes, a las personas mayores, a los inmigrantes y a las parejas con hijos".

Albiol ha criticado que el Gobierno pacte políticas sobre vivienda con partidos "minoritarios" y "situados en la radicalidad" en vez de hacerlo con el PP y que precisamente esas medidas son las que han conducido a la situación actual.

Sumar ha advertido de que el acuerdo con el PSOE continúa “muy lejos” y ha reclamado que el decreto incorpore medidas que considera centrales para responder a la crisis de vivienda. La formación ha avisado de que no respaldará un texto que, a su juicio, no esté “a la altura” de las demandas sociales.

Entre sus principales reivindicaciones sitúa la protección frente a los desahucios, la regulación de los alquileres de temporada y por habitaciones, la prórroga de los contratos y medidas contra el fraude vinculado a los pisos turísticos. Sumar considera que estos elementos deben quedar expresamente recogidos en el decreto.

Desde Podemos, su portavoz, Pablo Fernández, considera insuficientes las medidas que se han conocido sobre el futuro decreto y las ha definido como “un parche”. Sostiene que las propuestas anunciadas no acabarían con la especulación ni con el negocio en torno a la vivienda y ha reclamado que el Gobierno vaya más allá.

La formación reclama que el decreto incluya medidas capaces de impedir la compra especulativa por parte de fondos de inversión y reforzar la protección frente a los desahucios, además de estabilizar los contratos de alquiler y regular los alquileres de temporada. También se ha mostrado contraria a incorporar en el decreto medidas relacionadas con la reforma de la Ley del Suelo.

El diputado de EH Bildu Oskar Matute ha reclamado un decreto de vivienda “ambicioso” que prohíba los desahucios de familias vulnerables sin alternativa habitacional, regule los alquileres de temporada, limite las subidas de las rentas y garantice estabilidad a los inquilinos. Matute ha hecho estas declaraciones en Erandio, donde ha mostrado su apoyo a las 150 familias de los edificios conocidos como ‘Los Ochos’, que se enfrentan a la posibilidad de abandonar sus viviendas o comprarlas al fondo de inversión propietario.

Matute ha valorado que las diez medidas planteadas por el Gobierno español van “por una cierta buena dirección” y pueden constituir una “buena pista de aterrizaje”, aunque ha advertido de que será necesario ampliar el acuerdo para conseguir una mayoría parlamentaria. En este sentido, ha pedido al resto de formaciones que “recapaciten” y atiendan a las movilizaciones sociales, al tiempo que ha defendido que la protección frente a los desahucios no distinga entre propietarios según quién los promueva.

El PNV mantiene, por ahora, una posición más favorable al texto que se está negociando. Su portavoz en el Congreso, Maribel Vaquero, ha afirmado que la formación está “bastante de acuerdo” con lo planteado por el Gobierno y ha pedido al resto de partidos que se alejen de posiciones “maximalistas” para facilitar un acuerdo.

Los jeltzales reclaman seguridad jurídica tanto para los inquilinos como para los pequeños propietarios, que consideran especialmente relevantes en Euskadi. Al mismo tiempo, respaldan limitar la actuación de los fondos de inversión, regular los alquileres de temporada y aumentar la construcción de vivienda, incluida la protegida.

Junts ha abierto un espacio de negociación con el Gobierno pese a la situación de sus relaciones con el PSOE. El presidente del Parlament y dirigente de la formación, Josep Rull, ha pedido abandonar la “trinchera ideológica” y buscar un “común denominador” que permita aprobar el decreto y evitar situaciones como el desahucio de Maricarmen.

Rull ha señalado que Junts ya presentó al Gobierno el pasado 3 de septiembre una propuesta que, según sostiene, habría impedido aquel desahucio. La formación apuesta por aumentar la construcción de vivienda, limitar la actuación de los fondos buitre y reforzar simultáneamente la seguridad jurídica de propietarios e inquilinos.