Moncloa se inclina a que sean los afectados por la suspensión del derecho a voto los que presenten alegaciones

El Gobierno español está estudiando el auto del Tribunal Supremo (TS) que mantiene la suspensión cautelar del derecho a voto a los nacionalizados por la conocida como ‘ley de nietos’. Está por ver si es la Abogacía del Estado la que alegará la decisión o serán cada uno de los afectados, más de 163 000 personas según el último recuento de los consulados, los que deberían presentar alegaciones individualmente.

Con las elecciones generales a la vuelta de la esquina – el 29 de noviembre-, no hay mucho tiempo de maniobra. El TS estableció cinco días hábiles para que las partes afectadas pudieran presentar alegaciones.

En la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros, la ministra portavoz del Gobierno, Elma Saiz, ha evitado dar información sobre las intenciones del Ejecutivo y se ha limitado a repetir que están analizando la resolución. No obstante, fuentes gubernamentales se inclinan por que sean los propios afectados los que presenten alegaciones porque, afirman, son ellos quienes tienen la legitimación jurídica para hacerlo.

Si el TS no atiende a sus peticiones y se dieran los requisitos, el siguiente paso sería presentar un recurso de amparo ante el Tribunal Constitucional.

El Gobierno español acatará la decisión que salga de los tribunales. En todo caso, la portavoz ha dicho que se trata de una situación "que restringe uno de los derechos fundamentales recogidos en la Constitución, el derecho al voto" y por tanto "de extraordinaria gravedad".