Sindicatos piden una 'negociación real' de la ley de función pública

Los sindicatos ELA, LAB, CCOO y UGT han pedido hoy al Gobierno Vasco que inicie un "verdadero proceso negociador" y consensúe la ley del empleo público vasco, que afectará a 110.000 funcionarios y personal laboral del Ejecutivo, las tres diputaciones y Eudel.

Gobierno Vasco y sindicatos se han reunido hoy para debatir el citado anteproyecto en la mesa general de la Función Pública, en la que se negocian las condiciones de los 70.000 trabajadores de la Administración autonómica y que engloba al personal de la sede de Lakua, de Educación, de la Ertzaintza, de Osakidetza y de la Justicia.

Tras la cita de hoy, en la que los sindicatos se han mostrado críticos con el texto, se abrirá un periodo de alegaciones, al que seguirá una nueva mesa general a finales de octubre o principios de noviembre, según han explicado a Efe fuentes sindicales. Tras este último paso el texto comenzará su tramitación en el Parlamento Vasco, donde según los cálculos que el martes hizo el consejero de Administración Pública, Josu Erkoreka, podría ser aprobado entre enero y febrero.

Al término de la reunión, el representante de ELA Ramón Uriarte ha puesto en cuestión la voluntad negociadora del Gobierno, que se limitará -ha dicho- "a cambiar algunas comas de sitio" tras recibir las alegaciones de los sindicatos. En declaraciones a Efe, Uriarte ha censurado que el anteproyecto no "garantice" el empleo público, "individualice las condiciones laborales" y no impulse la completa euskaldunización de la administración. Ha alertado además de que el anteproyecto reserva al Gobierno la "capacidad total para aplicar unilateralmente" nuevas condiciones laborales.

En esta misma idea ha incidido su compañero de sindicato Igor Eizagirre, quien ha dicho además que el anteproyecto es "un corta-pega de las leyes estatales" que regulan las condiciones de los empleados públicos y que el Gobierno de Iñigo Urkullu quiere "trasladar" ese marco normativo a Euskadi.

También Arantza Sarasola (LAB) ha criticado que el Ejecutivo quiera "imponer" el Estatuto Básico del Empleado Público de España y ha lamentado que en la reunión el Gobierno "no haya dado ninguna oportunidad de iniciar un proceso negociador". En este sentido, ha señalado que el Gobierno se reserva la potestad de decidir si atiende o no las aportaciones de los sindicatos y que, por tanto, la próxima mesa general "no será para negociar, sino para informar" del texto definitivo.

Por su parte CCOO, que también ha reclamado "un verdadero proceso de negociación, ha pedido que se retire el artículo que permitirá reducir jornadas y salarios y ordenar excedencias forzosas en caso de "reducción de ingresos o contenciones presupuestarias del Gobierno".

Arantza Agote (UGT) ha explicado a Efe que el anteproyecto "vulnera el derecho a la negociación colectiva" y abre la puerta a "suprimir" derechos de los trabajadores. Ha censurado además censurado la "falta de concreción" en algunos aspectos como la carrera profesional.

El Gobierno Vasco se compromete a mantener el empleo público

El viceconsejero de Función Pública del Gobierno Vasco, Andrés Zearreta, ha expresado hoy a los sindicatos el compromiso del Ejecutivo autonómico con el mantenimiento del empleo público.

Zearreta ha comparecido ante los medios de comunicación para analizar el resultado de la primera reunión de la Mesa General en la que se ha tratado el anteproyecto de Ley de Empleo Público de Euskadi y en la que ha trasladado ese compromiso.

El viceconsejero ha valorado como un "paso importante" el mero hecho de que se haya celebrado la Mesa General con todos los sindicatos, con los que a partir de ahora el Gobierno Vasco celebrará reuniones bilaterales.

A preguntas de los periodistas, Zearreta ha reiterado el compromiso del Gobierno de Iñigo Urkullu con el mantenimiento del empleo público, aunque ha reconocido que el anteproyecto contempla una serie de "medidas excepcionales" para situaciones "muy excepcionales", pero siempre "respetuosas" con ese empleo público. Zearreta ha dicho que una "reducción dramática" de los recursos de las administraciones provocarían estas medidas "excepcionales", pero ha recordado que en la actual crisis el Gobierno Vasco ha conseguido mantener el empleo, algo que, ha subrayado, no han hecho otras administraciones en el Estado.

De cara al futuro, el viceconsejero ha destacado la trascendencia de esta ley, que va a afectar a unas 110.000 personas, para adecuar la administración al siglo XXI.