Bruselas apunta ahora a Amazon
La Comisión Europea ha lanzado este jueves una investigación formal contra el gigante estadounidense del comercio electrónico Amazon al sospechar que está restringiendo la competencia en el mercado de los libros electrónicos.
Bruselas cree que algunas de las cláusulas de los contratos firmados por Amazon con los editores de libros electrónicos vulneran las normas de la UE porque le protegen de la competencia de rivales y perjudican a los consumidores.
Las disposiciones en cuestión obligan a los editores a informar a Amazon cada vez que ofrecen a sus rivales condiciones más favorables o diferentes y a concederle en todo momento condiciones análogas a las que otorgan a sus competidores.
El Ejecutivo comunitario quiere examinar ahora con más detalle si estas cláusulas obstaculizan la aplicación de condiciones de competencia equitativa y podrían desembocar en una disminución de la competencia entre los diferentes distribuidores de libros electrónicos, en detrimento de los consumidores.
De confirmarse estas sospechas, Bruselas podría imponer a Amazon una fuerte multa.
Amazon es actualmente el mayor distribuidor de libros electrónicos en Europa. En un primer momento, la investigación de Bruselas se concentrará en los mercados más grandes del espacio económico europeo, que son los de libros electrónicos en inglés y alemán.
No es la primera vez que la Comisión lanza una investigación de competencia en el sector de los libros electrónicos. En diciembre de 2011, Bruselas abrió un expediente contra Apple y cinco editores internacionales (Penguin Random House, Hachette Livres, Simon & Schuster, HarperCollins y Georg von Holtzbrink). En diciembre de 2012 y julio de 2013, las empresas propusieron medidas correctivas para resolver las preocupaciones del Ejecutivo comunitario, por lo que el expediente acabó cerrándose sin multas.
Las investigaciones de Bruselas en materia de competencia no tienen plazos legales. Su duración depende de varios factores, entre ellos la complejidad del caso, el grado de colaboración de las compañías y el ejercicio del derecho de defensa.
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El fallo obliga además a la plataforma a rectificar los incumplimientos detectados, eliminando los contenidos ilícitos publicados y haciendo pública la multa impuesta. La resolución es firme y agota la vía administrativa, tras haberse resuelto el recurso de alzada interpuesto ante el ministro de Consumo.