Denuncian la muerte de 29 personas en Euskadi por amianto en 2016

La Asociación de Víctimas del Amianto de Euskadi (Asviamie) ha contabilizado un total de 29 fallecimientos por exposición al amianto durante el año 2016 y ha denunciado el "silencio cómplice" de las autoridades sanitarias ante "esta grave epidemia".

Asviamie ha hecho público este dato mediante un comunicado en el que informa de que el Juzgado de lo Social número 10 de Bilbao ha condenado a Izar Construcciones Navales S.A. a pagar un recargo del 50%  de las prestaciones de la Seguridad Social derivadas de la muerte de un trabajador, fallecido en noviembre 2011 a consecuencia de un mesotelioma pleural epiteloide.

El fallecido trabajó de bombero durante 38 años, primero en Euskalduna y más tarde en Astilleros Españoles, realizando seguimiento a todos los oficios susceptibles de provocar un incendio a través de las chispas; por ejemplo cuando se procedía al cambio de tuberías cubiertas de amianto, manipulando mantas ignífugas de amianto para proteger las zonas donde se realizaban trabajos de soldadura y corte con soplete.

Sustancia "omnipresente"

La asociación recuerda que el amianto era una sustancia "omnipresente" en la construcción de barcos.

En agosto de 2012, el Instituto Nacional de la Seguridad Social reconoció la muerte como derivada de enfermedad profesional, y revisó la base reguladora de la pensión de orfandad de su hijo discapacitado, que quedo a cargo de su hermano.

Ante la demanda de daños, en julio 2014 Izar llegó a un acuerdo e indemnizó con 30.000 y 20.000 euros a cada uno de los hijos.

Según la sentencia, la empresa no acreditó la adopción de medidas especiales con el amianto a partir de 1982 y quedó probado que los trabajadores no tenían protección respiratoria, se les realizaba reconocimientos médicos genéricos y llevaban la ropa de trabajo contaminada al domicilio para su lavado.

Asviamie ha expresado su satisfacción por esta sentencia, que garantiza una pensión "digna" al hijo discapacitado del fallecido, y denuncia el incumplimiento por las empresas de la amplia normativa de seguridad e higiene vigente, especialmente la relacionada con la prevención de las enfermedades profesionales, "tantas veces ignoradas".

Al mismo tiempo, critica la "pasividad" de la Inspección de Trabajo, "conocedora de dichas infracciones, que continúa resistiéndose a imponer recargos de prestaciones por el incumplimiento de medidas de seguridad e higiene".