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EH Bildu insta a PNV-PSE a reconsiderar la normativa de pisos turísticos en Donostia

Según la coalición soberanista, hay unas 1.350 viviendas legalizadas para uso turístico en la ciudad, lo que "ha reducido la oferta de pisos de alquiler y ha contribuido a la escalada de precios".
Imagen de archivo del ayuntamiento de San Sebastián.
Imagen de archivo del ayuntamiento de San Sebastián. Foto: Iban Garcia

EH Bildu del Ayuntamiento de San Sebastián ha instado hoy al gobierno PNV-PSE a aprovechar "el nuevo inicio legal" de la normativa de pisos turísticos para "reconsiderar su postura" y "hacer las cosas bien", al tiempo que ha propuesto ampliar al barrio de Gros y todo el centro la prohibición de abrir más viviendas de este tipo.

El concejal de EH Bildu Ricardo Burutarán ha hecho estas declaraciones en una rueda de prensa ofrecida este miércoles en el consistorio junto a la portavoz de su grupo, Reyes Carrere, en la que han informado de las enmiendas que han presentado a las modificaciones de varias normas urbanísticas que se debatirán mañana en la sesión plenaria ordinaria de la corporación.

El equipo de gobierno de PNV y PSE lleva mañana al pleno la aprobación inicial de diversos cambios en las normas del Plan General de Ordenación Urbana (PGOU), entre los que figura la incorporación al planeamiento de algunos artículos de la ordenanza reguladora de los pisos de alquiler turístico para atender lo exigido por el Tribunal Superior de Justicia del País Vasco (TSJPV) en una reciente sentencia.

Burutarán ha considerado que con esta iniciativa el ejecutivo local "trata de incluir en el Plan General de una manera torpe y terca" la ordenanza municipal aprobada hace dos años y "tumbada" en los tribunales en enero pasado.

El gobierno que lidera Eneko Goia "insiste en los mismos errores políticos" en los que, a su juicio, incurrió cuando aprobó la ordenanza en 2018, reglamento específico que, según ha denunciado la portavoz de EH Bildu, "está provocando que se abra un piso turístico cada dos días".

Carrere ha agregado que, según datos del propio ejecutivo local, en la actualidad hay unas 1.350 viviendas legalizadas para uso turístico en la ciudad, de las que 900 han sido regularizadas con la ordenanza, lo que "ha reducido la oferta de pisos de alquiler" y "ha contribuido directamente a la escalada de precios".

 

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