Sánchez aprobará un decreto antidesahucios que obliga a ofrecer una vivienda

La Vicepresidencia Segunda que lidera Pablo Iglesias ha alcanzado un acuerdo con el Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana, que dirige José Luis Ábalos, que prohibirá los desahucios sin alternativa habitacional para las familias vulnerables mientras dure el estado de alarma.

En este sentido, no habrá lanzamientos de este segmento poblacional hasta que las autonomías ofrezcan otra vivienda alternativa para desplegar el realojo de la población afectada.

Con ello, se extenderá la prohibición de desahuciar al menos hasta el próximo 9 de mayo, cuando finaliza la medida extraordinaria decretada por el Ejecutivo. Hasta ahora, la paralización se limitaba hasta enero del año que viene y para situaciones de impago del alquiler por situaciones derivadas de la crisis de la covid-19.

Pero ahora, se extenderá a casos del vulnerabilidad generados antes de la crisis del coronavirus e incluye todos los supuestos, tanto los derivados de no poder hacer frente el arrendamiento como los hipotecarios.

La idea es que el decreto ley que extienda la imposibilidad de lanzamientos de población vulnerable se apruebe cuanto antes por el Consejo de Ministros, y siempre antes de que finalice el presente año.

En virtud de este acuerdo, las familias vulnerables no podrán ser desahuciadas mientras no exista la posibilidad de que sean realojadas en una "vivienda digna", según han explicado fuentes del departamento que dirige Iglesias.

Concretamente, las comunidades autónomas serán las encargadas de ofrecer esta alternativa habitacional, que será siempre una vivienda, descartando otras opciones como habitaciones en albergues. Así, el lanzamiento no podrá ejecutarse hasta que estas personas vulnerables no tengan asegurado y garantizado su realojo.

Dicho pacto para imposibilitar lanzamientos incluye también a las familias "en precario" en viviendas de "grandes tenedores", es decir, a propietarios de más de una decena de viviendas. En este caso, se establece que las comunidades autónomas tendrán un plazo máximo de tres meses para buscar una nueva vivienda que permita residir a las personas afectadas.

Este decreto solo se ciñe al asunto de los desahucios mientras que la recuperación de la prohibición de cortes de suministros de población vulnerable, medida que se dejó de aplicar a finales de septiembre, se sigue negociando aparte entre Unidas Podemos y PSOE.

Ayer, Unidas Podemos, ERC y EH Bildu decidieron retirar la enmienda contra los desahucios tras lograr este compromiso por parte del Gobierno español.