LAB pide analizar la responsabilidad del Gobierno Vasco en los contagios de empleados

El sindicato LAB acudirá a la fiscalía para que analice si hay responsabilidad en la actividad del Departamento de Desarrollo Económico e Infraestructuras del Gobierno Vasco y del Ministerio de Industria respecto a las pautas que dieron a las empresas durante la pandemia y que pudieron conllevar contagios entre sus trabajadores.

El Tribunal Superior de Justicia del País Vasco (TSJPV) condenó a la empresa Transmisiones La Magdalena, S.L., de Abadiño (Bizkaia), a indemnizar con 50 000 euros al conjunto de sus 56 trabajadores por no haber respetado el permiso retribuido establecido por el Gobierno en abril de 2020 para luchar contra la covid-19.

El TSJPV estimó el recurso de suplicación interpuesto por el sindicato LAB contra una sentencia de un juzgado de Bilbao y la revocó declarando la nulidad de la conducta empresarial por haber vulnerado "el derecho fundamental a la integridad física y moral de los trabajadores".

El Real Decreto de 29 de marzo de 2020 regulaba un permiso retribuido recuperable de carácter obligatorio, entre el 30 de marzo y el 9 de abril, para los trabajadores por cuenta ajena que no prestaran servicios esenciales, con el fin de reducir la movilidad de la población en el contexto de la lucha contra la covid-19.

La empresa, dedicada a la fabricación de árboles de transmisión para maquinaria agrícola, argumentó que la norma establecía una excepción para las empresas con actividades de importación y exportación, también apoyada por el Gobierno Vasco. Según la compañía, que ordenó la reapertura de sus instalaciones el 2 de abril, todos sus compromisos con clientes internacionales se soportaban sobre contratos internacionales de compraventa, y más del 90 % de su cartera de pedidos se componía exclusivamente de pedidos de exportación.

LAB denunció esa decisión de obligar a los trabajadores a regresar a sus puestos y el TSJPV condenó a la empresa al abono de 50 000 euros a toda la plantilla. Asimismo, declaró la vulneración del derecho a la integridad física y moral de los trabajadores basándose en que, efectivamente, el Ministerio de Industria, Comercio y Turismo no era competente para emitir esa orden y que la actividad de la empresa no era esencial.

Los miembros de la Secretaría Jurídica de LAB han opinado que “el Departamento de Desarrollo Económico de Arantxa Tapia y el Ministerio de Industria de Reyes Maroto dieron prioridad a los intereses de la patronal por encima de la salud de los trabajadores” cuando llegó la pandemia.

Han destacado que se haya condenado “a una empresa que siguió las recomendaciones del Gobierno Vasco y el Ministerio de Industria” y se ha preguntado cuántas personas se contagiaron y cuántas murieron después de regresar al trabajo y “quién se va responsabilizar” por ello.

En opinión de LAB, “esto tiene responsables claros: (Arantxa) Tapia, (Iñigo) Urkullu, Maroto y Sánchez” y “para que se depuren responsabilidades”, remitirá la sentencia del TSJPV a la Fiscalía “para que analice si existe alguna responsabilidad en la forma de actuar del Departamento de Desarrollo Económico e Infraestructuras del Gobierno Vasco y el Ministerio de Industria”.

Además, el sindicato “realizará un análisis en las empresas en la que tenga representación, para saber si entre las empresas que mantuvieron la actividad el real decreto les permitía hacerlo o no, y si la respuesta es negativa, poder dar nuevos pasos legales”.