Acuerdo entre el Gobierno español y los agentes sociales para reformar las pensiones

El Ministerio de Inclusión y Seguridad Social, la patronal CEOE y los sindicatos UGT y CCOO han cerrado este lunes un primer acuerdo para la reforma de las pensiones, según han informado fuentes sindicales.

Se trata de un acuerdo que recoge tres ejes: la subida de las pensiones en función del IPC; la derogación del factor de sostenibilidad aprobado por el PP en 2013; y los incentivos para los que retrasen la jubilación, así como mayores medidas sancionadoras para los que adelanten la jubilación.

El primer punto es crucial para los pensionistas actuales, ya que vincula de nuevo la subida de las pensiones al IPC. El resto de puntos afectan a los futuros pensionistas.

En un comunicado conjunto, UGT y CCOO han destacado que la reforma supone la inclusión del compromiso del Estado español como "garante" público del sistema de pensiones. 

De esta forma, se incluye en la Ley General de Seguridad Social una cláusula mediante la que anualmente se realizará una transferencia a través de los Presupuestos Generales del Estado por un 2 % del PIB, alrededor de unos 21 000 millones.

Se culmina así el cumplimiento del principio de separación de fuentes y se garantiza cerca de la mitad del incremento de financiación adicional que se prevé que necesitará el sistema de pensiones para 2050, momento clave del incremento del gasto por la jubilación del denominado "baby boom", añaden.

El acuerdo de pensiones, explican, supone también una revisión del modelo de jubilación anticipada "reduciendo de forma generalizada los coeficientes reductores", dando "mayor equidad" a las reglas de jubilación anticipada y ampliando los derechos de jubilación en varias modalidades.

Se igualan también, detallan los sindicatos, los derechos vinculados a los periodos de servicio social femenino obligatorio al que ya disfrutaban los del servicio militar.

En rueda de prensa posterior a una reunión con IU, el líder de CCOO, Unai Sordo, ha asegurado que este acuerdo es "una palanca muy potente" para asegurar la sostenibilidad y suficiencia de las pensiones y que requiere medidas de ingresos.

"Si hay voluntad política para pagar las pensiones, habrá pensiones en el futuro", ha dicho el secretario general del sindicato, momentos antes de darse por cerrado este acuerdo que permitirá sacar adelante un primer paquete de medidas para reformar el sistema de pensiones.

Desde UGT, la secretaria de Políticas Europeas, Mari Carmen Barrera, ha considerado que este acuerdo es "inteligente", "equilibrado" y "uno de los más importantes de la última década en materia de diálogo social", convirtiéndose así en "la antítesis de la reforma de pensiones de 2013".

LAB: "El pacto no incluye las revindicaciones los trabajadores y pensionistas de Euskal Herria"

Mientras UGT y CCOO ensalzan su acuerdo con la patronal y el Ejecutivo de Pedro Sánchez, el sindicato LAB considera que la reforma de pensiones "debilitará el sistema público de pensiones y renuncia a las reivindicaciones de trabajadores y pensionistas".

En una nota, LAB ha criticado que las medidas anunciadas no son las reivindicadas por los trabajadores vascos y el movimiento de pensionistas en los últimos años, por lo que "la necesidad de dar una respuesta en las calles es cada vez mayor".

La central considera que los recortes que estableció la reforma de pensiones de 2011 se mantienen, y además, advierte de que este nuevo consenso no garantiza ni el sistema de pensiones público ni las pensiones dignas.

"Vincular las pensiones al IPC es una medida justa, pero es preocupante que se va a dejar a un lado el factor de sostenibilidad y seguidamente, hablar de la necesidad de otro indicador apelando a la solidaridad entre generaciones. En LAB creemos que, cambiando de denominación, la voluntad de profundizar en la misma dirección es manifiesta", ha agregado.

LAB asegura que para garantizar pensiones dignas, hay que acabar con los salarios precarios, levantar los topes de cotización, dejar a un lado la apuesta por los sistemas de complemento de pensiones y garantizar que la financiación será suficiente.

También se han anunciado incentivos para dificultar la jubilación y alargar la edad de la misma. Para LAB, esta medida es contraria a los trabajadores, porque "lo que necesitamos es adelantar la edad de jubilación y facilitar el acceso al empleo de la juventud".

ELA: "Este acuerdo va suponer nuevos recortes"

Por su parte,  el sindicato ELA ha advertido de que la reforma de pensiones va a suponer "nuevos recortes" y ha abogado por seguir impulsando movilizaciones "frente al intento de desmovilización social" que, a su juicio, pretende el acuerdo alcanzado en Madrid.

En una nota, ELA ha criticado que en esta reforma "tan solo se recoge la actualización de las pensiones en función del IPC, pero no se produce ningún avance en la cuantía de las pensiones mínimas ni se deroga el retraso de la edad de jubilación a 67 años ni los recortes aprobados en reformas anteriores en la cuantía de las pensiones o en la jubilación anticipada".

El sindicato ha denunciado que se está dando una campaña "de desinformación y propaganda" que tiene como objetivo "ocultar el verdadero objetivo de la reforma, que no es otro que aprobar nuevos recortes, y mermar las pensiones futuras sin garantizar unas pensiones mínimas dignas".

Ha explicado que según los documentos presentados a la Comisión Europea por el Gobierno de Pedro Sánchez, la reforma se plantea en dos fases.

En la primera de ellas, según ha avisado, se pretende aprobar para finales de este año "importantes recortes en la jubilación anticipada" y en la segunda "se anuncian para el año que viene recortes de las nuevas pensiones".

Esos recortes vendrían, según ha precisado, con medidas como "el aumento a 35 años del periodo de cotización que se tiene en cuenta para calcular las pensiones, o la aprobación del nuevo factor de sostenibilidad, que es un ajuste automático a la baja de la cuantía de las nuevas pensiones".

Para ELA, la reforma anunciada "no da respuesta en absoluto a las demandas planteadas en la huelga general del 30 de enero del año pasado, acordada entre la Carta de Derechos Sociales de Euskal Herria y el Movimiento de Pensionistas".