La Audiencia Nacional imputa a Iberdrola Renovables en el caso Villarejo, por cohecho

El juez de la Audiencia Nacional Manuel García-Castellón ha imputado a Iberdrola Renovables, como personas jurídica en el marco de la pieza separada número 21 del caso Tándem, por su presunta participación en la contratación del comisario (ahora jubilado) José Manuel Villarejo cuando este se encontraba aún en servicio activo en el Cuerpo Nacional de Policía para que procediera a investigar a una empresa suiza.

El magistrado ha atendido así la solicitud de la Fiscalía Anticorrupción, que pedía la imputación de Iberdrola Renovables -pero no a la matriz que preside Ignacio Sánchez Galán- en la pieza separada por los encargos a Cenyt y CASESA, empresas vinculadas al ex comisario. Iberdrola Renovables habría contratado a Villarejo a finales de 2011 a través del entonces director de Seguridad de Iberdrola, Antonio Asenjo, para investigar a una empresa suiza con la que la eléctrica se alió para desarrollar una serie de proyectos en Rumanía y con la que surgieron conflictos. A Iberdorla Renovables se le imputa un delito de cohecho, y aún no hay fecha para la declaración de sus representantes ante el juez.

En la misma pieza, en la que se investiga el 'proyecto Wind', el juez imputaba ayer a Repsol y Caixabank un delito de cohecho y un delito de revelación de secretos, por lo que los representantes de ambas compañías deberán declarar ante el juez el 26 de julio a las 10:00 horas. Ambas compañías contrataron, presuntamente, los servicios de Villarejo con la intención de "frustrar" un pacto de Del Rivero con la petrolera mexicana Pemex para hacerse con el control de Repsol YPF, compañía en la que Caixabank era accionista de referencia.

Hasta el momento, además de los responsables de seguridad de las tres compañías, el magistrado ha acordado citar como investigados tanto al presidente de Repsol, Antonio Brufau, como al presidente de la Fundación La Caixa y de Criteria Caixa, Isidro Fainé.

Según la descripción de los hechos indiciariamente constitutivos de delito de los responsables de las tres compañías, que incluyen el acceso a tráfico de llamadas telefónicas de los espiados, el magistrado apunta a que, en ambos casos, los encargos realizados por los directivos de Iberdrola Renovables, Repsol y de Caixabank Villarejo se hicieron en nombre y por cuenta de las compañías y en beneficio propio, y las facturas fueron abonadas, también, por las mismas, lo que constituiría el "presupuesto de la responsabilidad penal de la persona jurídica (...) de conformidad con lo dispuesto en el artículo 31 bis.1 del Código Penal", que pone el foco en que el delito debe ser cometido en beneficio propio.