La jueza rechaza imputar a Darpón y Múgica por asociación ilícita en la OPE de Osakidetza

La jueza que investiga la supuesta filtración de exámenes en la OPE de Osakidetza de 2016-1017 ha rechazado imputar al exconsejero de Salud Jon Darpón y a la exdirectora general del Servicio Vasco de Salud María Jesús Múgica por asociación ilícita.

La magistrada ha rechazado en un auto fechado el 1 de septiembre la petición hecha por el sindicato LAB, personado en la causa, que había solicitado la imputación por ese delito de Darpón, Múgica y también de otros cargos de Osakidetza y del Instituto Vasco de Administración Pública (IVAP).

La instructora considera que "las personas indicadas por la acusación no forman parte de ninguna asociación, salvo que se quiera considerar como tal al Gobierno Vasco, a Osakidetza o al IVAP, y se pretenda igualmente que estos organismos promueven la comisión de delitos o que utilizando las estructuras institucionales se estén promoviendo conductas ilícitas".

"Tampoco consta, siquiera indiciariamente, que se hayan constituido en una asociación 'paralela' o que se hayan reunido con ninguna finalidad ilícita, ni que hayan realizado o promovido ninguna conducta ilícita. No existen indicios en esta fase procedimental para entender que concurre ninguno de los elementos del tipo descrito, por lo que no procede la citación en calidad de investigados de las personas señaladas por este concepto", argumenta la magistrada.

Además de la "asociación ilícita", LAB solicitó la imputación de estas personas por revelación de secretos, fraude en la contratación, prevaricación o negativa a perseguir delitos, cuestiones todas ellas que la jueza rechaza en un auto adelantado por eldiario.es y al que también ha tenido acceso Efe.

Por otro lado, la titular del Juzgado número 2 de Vitoria-Gasteiz que instruye esta causa acuerda a petición de ESK, otro de los sindicatos personados en el procedimiento, llamar como investigadas a nueve personas más vinculadas con las pruebas de Angiología y Cirugía Vascular, Urología y Cardiología. De esta manera los imputados en la causa ascienden ya a 20.

También a instancias de la Fiscalía ha aceptado la declaración de nueve testigos de diferentes especialidades.

La magistrada ha acordado asimismo prorrogar la investigación seis meses más, un hecho que para ESK es positivo ya que podría ser tiempo "suficiente para llevar adelante todas las diligencias pertinentes".

Esta central ha indicado que van a estudiar "en profundidad" el auto porque ha habido una serie de solicitudes que no han sido aceptadas por la jueza y que podrían ser recurridas.

Reacción de los sindicatos

El sindicato ESK, que está personado junto a LAB como acusación popular,  ve "positivo" el auto que prorroga la investigación, pero estudia presentar recurso para que se admitan más peticiones del sindicato. En este sentido, espera que este periodo de tiempo sea "suficiente para llevar adelante todas las diligencias que se consideren pertinentes".

También ha destacado que el auto admite a trámite muchas de las medidas impulsadas y solicitadas por ESK, entre las que se incluyen la toma declaración como investigados a nueve personas que supuestamente han participado de estas filtraciones, aunque ha recordado que ESK había solicitado que se investigara a un total de 32 personas más.

"Este sistema clientelar se acabará cuando toda la plantilla de Osakidetza, todas las personas que formamos parte de Osakidetza les plantemos cara y digamos que no vamos a formar parte de este sistema", ha subrayado.

Para LAB, sin embargo, es "una mala noticia" que el juzgado quiera "cerrar varias puertas imprescindibles para aclarar lo ocurrido" en la OPE de Osakidetza, por lo que anuncia que presentará un recurso.

En opinión de este sindicato, "la dirección de Osakidetza ha sido la que ha diseñado la estrategia eficaz para garantizar las filtraciones, así como su impunidad. Esa dirección de Osakidetza ha sido la que ha ido creando cortinas de humo para esconder esa práctica corrupta".

"La diferencia entre el ámbito público y el privado es esencial. La contratación en el ámbito público debe descansar en los principios de igualdad, mérito y capacidad, y ningún tribunal debería consentir la conformación irregular de equipos en base a criterios o afinidades personales o políticas", ha afirmado LAB en una nota en la que ha valorado la decisión de la jueza.

Valoración de los partidos

En este contexto, el PNV ha señalado que "el tiempo da y quita razones", tras rechazar la jueza la imputación de Darpón, y se ha preguntado además "quién asumirá ahora las responsabilidades". En su cuenta oficial de Twitter, la formación jeltzale ha advertido que "no todo debería valer en política... pero a veces, lamentablemente, todo vale".

"Al menos, el tiempo da y quita razones", ha afirmado, al tiempo que ha enviado un abrazo grande a Darpón y se ha cuestionado si "alguien asumirá ahora las responsabilidades exigidas" a Darpón.

Miren Gorrotxategi, de Elkarrekin Podemos, ha subrayado que la jueza ha determinado que "no existe responsabilidad penal", pero considera que "ha habido una responsabilidad política, una dejación de las funciones de control que resulta evidente".

Por su parte, Carmelo Barrio, el  portavoz del grupo PP+Cs en el Parlamento vasco, ha afirmado que ni el Gobierno Vasco ni el PNV pueden "sacar pecho" por la no imputación de Darpón y ha incidido en que "si en este momento hay un proceso penal abierto con 20 imputados es que la organización, gestión y tramitación" de las OPE de Osakidetza estuvieron "mal diseñadas".

Tras advertir de que "miles de personas se jugaban su futuro" en las OPE, ha denunciado que alguien ha "organizado y tramitado mal y fraudulentamente" el proceso, "vulnerando los principios de mérito, capacidad, igualdad y libre concurrencia a las oposiciones".