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ELA pide poner a las empresas eléctricas "bajo control público y social"

El sindicato también propone cambiar el sistema de fijación del precio de la electricidad para que no se pague toda la energía en función del precio de la fuente más cara.
Varios enchufes en una toma de pared
Varios enchufes en una toma de pared. Foto: EITB Media.

El sindicato ELA ha pedido este martes poner a las compañías eléctricas españolas "bajo control público y social" para frenar la escalada del precio de la electricidad.

ELA ha explicado en Bilbao sus propuestas para hacer frente al incremento del precio de la electricidad, entre las que también figuran cambiar el sistema de fijación del precio de la electricidad para que no se pague toda la energía en función del precio de la fuente más cara, sacar la energía de la "lógica de mercado", limitar los "peajes ocultos" que reciben las compañías eléctricas y bajar el IVA de la electricidad al 4 %.

La central obrera ha denunciado, además, que el Gobierno de Pedro Sánchez "ha sucumbido al chantaje de las grandes eléctricas y el Gobierno Vasco lo ha celebrado como una buena noticia".

ELA ha considerado "inaceptable que en esta situación tan grave se aprueben leyes hechas a la medida de las grandes empresas eléctricas" y que "ahora los políticos deriven sus responsabilidades solo a las empresas" cuando fueron los responsables de la total privatización del sector eléctrico a finales de la década de los 90.

"La situación se ha vuelto insostenible -ha explicado el secretario general del sindicato, Mitxel Lakuntza-, pero el Gobierno español sigue defendiendo, como hasta ahora, los intereses de las grandes empresas".

Ha apuntado que el decreto aprobado el 26 de octubre ha anulado las medidas que anteriormente había adoptado el Gobierno de Sánchez para limitar los beneficios de las grandes empresas eléctricas, con lo que "limitar los beneficios será casi imposible".

El líder de ELA ha criticado también la posición del Gobierno Vasco en esta cuestión y ha afirmado que el Ejecutivo de Iñigo Urkullu "antepone los intereses de las eléctricas (y sobre todo Iberdrola) frente a otras empresas y sus plantillas, lo cual es inaceptable".

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