Gobierno Vasco destinará dos millones de euros a recursos habitacionales de los presos en semilibertad
La consejera de Igualdad, Justicia y Políticas Sociales del Gobierno Vasco Beatriz Artolazabal ha presentado un presupuesto de 529 millones de euros para el 2022, con un mayor peso de las políticas sociales y la incorporación de la gestión penitenciaria. Este presupuesto supone un incremento del 15 % con respecto al del ejercicio anterior.
"Sin duda, el principal cambio es la ambiciosa incorporación al presupuesto del 2022 de la nueva transferencia de gestión de instituciones penitenciarias asumida por el Gobierno Vasco hace apenas sólo un mes", ha destacado Artolazabal en una rueda de prensa realizada este jueves en el Gobierno Vasco para dar detalles de las cifras que manejará su Departamento a lo largo de 2022.
Así, ha anunciado que destinará dos millones de euros al incremento de los recursos habitacionales, bien sea en compra o en régimen de alquiler, que la dirección de Justicia gestionará para potenciar el modelo penitenciario vasco. El Gobierno Vasco ya anunció que impulsaría los regímenes de semilibertad para la resocialización de los presos en su nuevo modelo penitenciario.
"Queremos disponer de medios suficientes y de recursos propios para facilitar el tratamiento de las personas penadas y evitar que se demore su paso a una situación de semilibertad", ha explicado.
Otra novedad será el "importante incremento que va a tener el presupuesto de Gogora". Así, el Instituto Vasco de la Memoria dispondrá de casi 5 millones de euros (este año ha contado con 2 millones). Según la consejera, "gracias a este incremento", "se va a poder avanzar de manera importante en los proyectos expositivos que tiene marcados Gogora en su plan de actuación".
Junto a ello, otro de los capítulos a destacar es de las inversiones, ya que se producirá un incremento de once millones: "Dispondremos de 23 millones para inversiones, casi doblando los 12 del ejercicio anterior", ha dicho la consejera.
Área por área
Justicia se llevará la mayor parte, 280 millones de euros, lo que supone un 53 % del presupuesto. 70 millones se destinarán a los Centros Penitenciarios vascos, con más 30 millones para el capítulo de personal y otros 40 para los programas e inversiones que requiere la gestión penitenciaria. Asimismo, la Agencia Vasca de Reinserción Social – Aukerak estará dotada con 15 millones de euros.
Por otra parte, la adecuación de los juzgados de violencia de género culminará en 2022 su proceso de reforma, para lo que obtendrán 440 000 euros. Y el Servicio de Atención a la Víctima tendrá una nueva licitación de 1,2 millones, con los que se consolidará el programa de acompañamiento Zurekin, centrado en mujeres víctimas de violencia machista.
La digitalización y modernización de la Justicia es otro apartado que cuenta con especial atención, con la implementación del Expediente Judicial Electrónico a través del sistema AVANTIUS.
Tal y como ha explicado la consejera, el mayor montante de los presupuestos se lo llevará Justicia, por el capítulo de personal; sin embargo, el verdadero peso del Departamento recaerá una vez más en el área de Políticas Sociales, que recibe casi el 40 % del presupuesto, descontando el capítulo I.
Según ha expuesto la consejera, se incrementará la partida destinada a SATEVI, con más personal atendiendo el 900 840 111 y con la incorporación de una línea específica para nuevas situaciones de violencia sexual. Y la implantación del pilotaje en Araba del modelo Barnahus, para atender a menores víctimas de abusos sexuales.
Asimismo, BetiON incrementará su partida con el objetivo de llegar a todas las personas mayores en soledad y se incorporarán partidas para cofinanciar los proyectos presentados a los fondos europeos como el Polo Europeo de la Longevidad, Bizitza Betea, OK en casa o los historiales sociosanitarios electrónicos, entre otros.
Se duplicará la partida para atender las necesidades de la pobreza energética, y se destinarán 10 millones adicionales para las AES y dos millones más para el fondo Inor Atzean Utzi Gabe.
Además, con la tramitación de la Ley de Igualdad, que recogerá la creación de una nueva prestación para menores que queden huérfanos por la violencia machista, se apartarán 25 000 euros para este fin, susceptibles de incremento al tratarse de un derecho subjetivo.
El programa Lehen Urratsa, nacido en el marco del covid-19, la dirección de Migración y Asilo recibirá un millón de euros para garantizar su continuidad. Mientras que también en el marco de la estrategia Euskarri, para impulsar la vida independiente de jóvenes sin red de apoyo familiar, recibirá 170 000 euros para quienes salen del sistema vasco de justicia juvenil.
Precisamente, la emancipación de las personas jóvenes es uno de los grandes retos del Departamento de Justicia. Lo gestiona a través de su Dirección de Juventud, que recibirá dos millones para desarrollar cuatro programas que les ayuden a iniciar una nueva etapa en su vida.
Y en lo que se refiere Emakunde, la consejera ha explicado que "la Igualdad es la clave transversal en todo nuestro Departamento, estando presente en todas las áreas que les he ido presentando". Entre los proyectos a destacar, Beatriz Artolazabal ha destacado "la consolidación de proyectos estratégicos como Nahiko, Beldur Barik o Gizonduz, o las subvenciones dirigidas a asociaciones de mujeres y para la prevención de la violencia machista".
Por último, la consejera se ha referido a 2022 como un año "clave" para finalizar el proceso de acuerdo de un Pacto Social y Ciudadano por la igualdad y contra la violencia machista, desde la iniciativa Generation Equality.
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