El Gobierno español recorta los beneficios extraordinarios de las compañías eléctricas

El Gobierno español ha decidido este martes limitar en los contratos bilaterales las ganancias de las compañías eléctricas que obtienen beneficios del alto precio del gas en el mercado, aunque no lo usen para producir electricidad, además ha vetado los despidos objetivos que se basen en el alto precio de la energía.

Estas son dos de las principales medidas, junto con la bonificación a los carburantes o la limitación de la revisión de los alquileres, incluidas en el plan de choque aprobado en Consejo de Ministros para hacer frente a la crisis derivada de la invasión de Ucrania, que ha disparado los precios de la energía y la inflación en general. Ahora, para que éste entre en vigor, necesita el visto bueno del Congreso y por eso el gobierno ha hecho un llamamiento a los grupos para que lo apoyen.

A la espera de que España y Portugal presenten una propuesta conjunta para aminorar los llamados "beneficios caídos del cielo" en el mercado mayorista de electricidad conforme a la excepción ibérica temporal consentida por Bruselas, se ha acordado reducir esas ganancias un 90 % en los contratos nuevos o a renovar en los que se supere el umbral de los 67 euros/megavatio hora (MWh).

Según ha explicado la vicepresidenta tercera y ministra para la Transición Ecológica, Teresa Ribera, se trata de evitar rentabilidades para las compañías eléctricas que "están por encima de aquello que es razonable" y solo pueden ser imputadas al desorbitado crecimiento del precio del gas.

Se prohíbe recurrir al despido objetivo (indemnizado con 20 días por año trabajado) por causas relacionadas con el aumento de los costes energéticos y tampoco podrán aplicarlo las empresas que reciban ayudas directas.

"No es necesario despedir, tienen los recursos públicos para impedirlo", ha incidido la vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, que ha recordado que con la reforma laboral se reforzó la figura de los expedientes de regulación temporal de empleo (ERTE).

Acogerse a un ERTE implica también el mantenimiento del empleo o la devolución de las ayudas públicas recibidas durante su aplicación.

Además, entre las medidas cabe destacar la bonificación mínima de 20 céntimos por litro de combustible para todos los ciudadanos, así como al resto de medidas que la semana pasada pactó con los transportistas, como parte del llamado Plan de Respuesta al impacto de la guerra en Ucrania. Lo que no han aclarado es cómo rebajarán el precio del gas y la electricidad.

El plan se extenderá desde este viernes, 1 de abril, y hasta el 30 de junio con 6000 millones en ayudas directas y rebajas de impuestos, y 10 000 millones más en créditos ICO. También se va a extender el bono eléctrico social a otras 600 000 familias, con lo que llegará a 1,9 millones de hogares.

En cuanto al empleo, se volverá a prohibir el despido objetivo indemnizado con 20 días por año trabajado y las empresas que acudan a los Expedientes de Regulación Temporal de Empleo (ERTE) deberán mantener el empleo.

"La injustificada agresión en Ucrania ha ocasionado una guerra a las puertas de la Unión Europea, que ya está teniendo efectos económicos y sociales por los flujos de refugiados, el alza de los precios energéticos o las disrupciones en la cadena de suministro", ha argumentado la vicepresidenta tercera y ministra de Asuntos Económicos y Transformación Digital, Nadia Calviño, en la presentación de este plan. Asimismo, ha añadido que todo ello supone "un shock económico que va a afectar a todos los países europeos".

Respecto a las medidas consensuadas con los transportistas, además del mismo descuento al combustible hasta el 30 de junio (el Estado asumirá 15 céntimos y las petroleras un mínimo de 5 céntimos), incluyendo gasóleo, gasolina, gas y adBlue, se ha aprobado la distribución de ayudas directas. En su conjunto, el paquete a los transportistas profesionales asciende a 1000 millones de euros.

La vicepresidenta cuarta y ministra para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, Teresa Ribera, ha explicado que se trata de una ayuda especial para el consumo de combustibles, al mismo tiempo que ha precisado que las petroleras podrán evitar el copago de esos 5 céntimos si justifican que ya aplican ofertas especiales por debajo del mercado.

Todas estas nuevas medidas se suman a las ya aprobadas por el Congreso, fruto de la negociación entre el Gobierno y el CNTC en diciembre del año pasado, como la prohibición de las operaciones de carga y descarga de la mercancía por parte de los conductores; la limitación a una hora de los tiempos de espera en las zonas de carga y descarga, el refuerzo de la inspección de transporte, o la obligación de revisar los precios de los contratos de transporte si el precio del gasóleo sube más de un 5%.

Por último, el Gobierno se ha comprometido a presentar en un plazo de cuatro meses un texto de proyecto de ley para aplicar al sector del transporte de mercancías por carretera los principios de la Ley de la Cadena Alimentaria, lo que aseguraría una utilización justa de la subcontratación y la rentabilidad del trabajo en el sector, es decir, que no se puedan contratar servicios de transporte por debajo de lo que cuestan.