Los voluntarios y voluntarias de Cáritas Euskadi atendieron en 2021 a 32 429 personas, un 17,5 % más

Cáritas Euskadi ha presentado hoy su memoria del año 2021, un año marcado aún por la pandemia de la covid-19, un contexto de crisis que ha influido en todos los ámbitos de la sociedad y de las personas. 

Según ha explicado en rueda de prensa Ramón Ibeas, secretario general de Cáritas Vitoria, la pobreza severa ha subido tres puntos en Euskadi hasta situarse en el 9 %, lo que demuestra que la sociedad vasca está cada vez "más partida".

En general ha reconocido que la tendencia del número de actuaciones se va "moderando" cada año pero con una mayor intensidad en la intervención y ha puesto el ejemplo de Álava donde los números dicen que "se está mejor, pero quien está mal está peor; hemos atendido a menos familias pero con mayor intensidad", ha resumido.

El año pasado, Cáritas ha atendido en la Comunidad Autónoma Vasca a un total de 32 429 personas, de ellas 17 116 mujeres y 15 313 hombres. Son 4800 personas más (17,5 % más) que el año anterior 2020, en el que se atendió a 27 608 personas desde Cáritas Euskadi.

Gipuzkoa ha sido el territorio donde más personas ha acompañado Cáritas en el 2021, 15 351, 6327 más que el año anterior. En Bizkaia han apoyado a 12 569 personas (527 menos que en 2020) y a 4509 personas en Álava (979 menos).

La entidad ha invertido cerca de 7 millones de euros en ayudas económicas, de las cuales, 3,5 millones se han utilizado en Bizkaia, casi 3 millones en Gipuzkoa y 0,4 millones a Álava.

Cáritas ha contado el 2021 con 3612 personas voluntarias. Gipuzkoa y Álava han visto reducirse su lista de personas voluntarias, bajada que compensa el incremento de acompañantes de Bizkaia, sosteniendo así las cifras de personas voluntarias del año anterior.

Principales dificultades 

Maite Sebal, directora de Cáritas Vitoria, ha desgranado las principales dificultades con las que se encuentran las familias atendidas y ha situado el acceso y el mantenimiento de la vivienda como uno de los mayores problemas. De hecho Ibeas ha advertido de la posibilidad de que en un corto espacio de tiempo derive hacia una nueva burbuja económica.

En segundo lugar están las dificultades de las familias con menores a su cargo para acceder a un empleo y combinarlo con el cuidado de los niños, sobre todo las monoparentales. También ha citado los problemas para acceder a un empleo de calidad y para regularizar su situación administrativa.

Sebal ha mencionado dos consecuencias de la pandemia de covid: por una parte el incremento de la brecha digital como un elemento de exclusión, tanto para personas mayores como extranjeras, y por otro el aumento de las situaciones de soledad y aislamiento.

El informe, al que han denominado 'Generando oportunidades' pretende visibilizar el esfuerzo que realizan las personas a las que se ayuda desde Cáritas para salir de su situación y han apelado a huir de los estereotipos que las rodean: "Desde nuestra experiencia de acompañamiento y trabajo con las personas, podemos constatar el esfuerzo de éstas por salir adelante: activándose en la búsqueda de empleo, realizando formación, mejorando sus habilidades, ejerciendo cuidados de la familia, compartiendo saberes, preocupaciones, ideas y acciones", aseguran desde la entidad.

Derecho al refugio y asilo 

Ibeas ha reconocido que la situación actual es de "incertidumbre" marcada por una alta inflación y la guerra en Ucrania, por lo que no ha podido vaticinar cómo serán los datos de 2022.

En la rueda de prensa también se ha hecho balance del primer trimestre de actuación de la Mesa Diocesana de Acogida que actúa con los refugiados de la guerra de Ucrania. Ibeas ha sido crítico con la política de refugio y asilo española, que ha dicho "no da resultado".

En este sentido ha pedido un cambio al Gobierno de España y ha afirmado que la directiva acordada para acoger a los ciudadanos de Ucrania debería aplicarse a todas las personas que salen de cualquier otro país en guerra.

El refugio y el asilo es un derecho, ha recordado Ibeas, quien ha denunciado que de cada 100 solicitudes que se reciben en España solo se reconoce a 8.