Los establecimientos deberán apagar los escaparates a partir de las 22:00 horas

El Gobierno de España ha aprobado este lunes un paquete de medidas urgentes para ahorrar energía hasta noviembre de 2023, ante la crisis energética desatada por la invasión rusa de Ucrania.

Entre las medidas aprobadas por el Ejecutivo se encuentran las siguientes:

- Regulación de la calefacción y el aire acondicionado en edificios públicos: máximo 19 ºC en invierno y mínimo de 27 ºC en verano.

- Apagar las luces de escaparates desde las 22:00 y de los edificios públicos que no estén en uso.

- Mantener las puertas cerradas de locales y establecimientos cuando funcione el aire o la calefacción.

- Hacer una revisión extraordinaria de las calderas e instalaciones térmicas siempre que la última revisión fuera anterior a enero de 2021.

- Gratuidad de los trenes de cercanías y media distancia de Renfe y reducción del 50 % del precio de los títulos de los servicios Avant. La subvención estará en vigor entre el 1 de septiembre y el 31 de diciembre, y los usuarios deberán abonar una fianza de entre 10 y 20 euros dependiendo del servicio a la hora de adquirir el abono, que será devuelta si se realizan un total de 16 viajes (cuatro al mes) en los cuatro meses de vigencia..

Según ha explicado la vicepresidenta tercera y ministra para la Transición Ecológica, Teresa Ribera, en la rueda posterior al Consejo de Ministros de este lunes, las medidas estarán vigentes hasta el 1 de noviembre de 2023 y tendrán que ser activadas en los siete días naturales siguientes a su publicación en el Boletín Oficial del Estado (BOE).

Se trata de medidas de carácter inmediato, ha relatado Ribera, que ha anunciado que en septiembre se presentará el plan de contingencia y ahorro energético, con otras nuevas, para seguir reforzando el ahorro y la eficiencia, el cambio de combustible, las renovables y la solidaridad con Europa.

Las adoptadas hoy se articulan sobre el reglamento de instalaciones térmicas de edificación y el código de alumbrado, cuya vigilancia corresponde a las comunidades autónomas, los cuales establecen un régimen sancionador "que se aplicaría" en caso de incumplimiento, ha recalcado.