ELA denuncia que el pacto de rentas del lehendakari "busca proteger los beneficios empresariales"
ELA ha presentado hoy su análisis de coyuntura socioeconómica, y su secretario general, Mitxel Lakuntza, ha denunciado el "proceso de empobrecimiento de la clase trabajadora que está impulsando la patronal con el apoyo del Gobierno Vasco y el de Navarra".
Lakuntza ha realizado estas afirmaciones basándose en los datos del documento presentado por Mikel Noval (responsable del Gabinete de Estudios de ELA), junto a las propuestas concretas que ha desgranado la responsable de Acción Social, Leire Gallego.
La devaluación salarial llega, según ha explicado, por convenios con subidas salariales muy por debajo de la inflación, que está actualmente por encima del 10 %. El secretario general afirma que la patronal busca mermar en un 7% el poder adquisitivo de la clase trabajadora. "Porque de media en todos los sectores donde estamos negociando propone una subida de tan solo un 3%". Además, con el casi el 60% de los convenios por renovar, "a la patronal le basta bloquear las negociaciones de los convenios para que se dé esa devaluación".
El dirigente sindical ha sostenido que además "las únicas medidas adoptadas por el Gobierno Vasco y de Navarra son aquellas que benefician a los intereses de las empresas, no a la clase trabajadora".
Lakuntza ha considerado que el pacto de rentas defendido por el lehendakari, Iñigo Urkullu, "busca proteger los beneficios empresariales a costa de la bajada de los salarios", dentro de una "estrategia compartida" con la patronal y ha criticado que la subida salarial a sus empleados públicos vascos es del 2% (la establecida en los Presupuestos Generales del Estado), muy inferior al IPC.
Mikel Noval, ha señalado que las empresas del Ibex 35 "batieron en 2021 todos los récords, con beneficios de más de 60 000 millones de euros, un 64 % más que la media de los cinco años anteriores, sin tener en cuenta el año de la pandemia, y en el primer semestre de 2022 han mejorado sus beneficios en casi el 8 %".
Leire Gallego, ha exigido medidas para revertir el proceso de empobrecimiento y cambiar de raíz el modelo económico y social.
"Los convenios deben garantizar la subida salarial equivalente al IPC, hay que revertir los recortes de entre 250 y 300 euros mensuales que se aplican en las prestaciones sociales, topar el precio de la electricidad, el gas y los combustibles, establecer el derecho a la energía como derecho universal a un precio social, reducir el precio del transporte público de manera permanente y hacer una reforma fiscal para imponer un tipo mínimo efectivo del 25 % sobre los beneficios, sin excepciones", ha demandado.
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