El gran reto del nuevo Gobierno de Sánchez: Reducir el déficit al 3 %
España terminó el año 2022 con un déficit del 4,73 %. Los expertos calculan que este año 2023 se acercará al 3,8 %. Sin embargo, en 2024 la Unión Europea volverá a aplicar las reglas que quedaron suspendidas por la pandemia. El Pacto de Estabilidad y Crecimiento europeo exige a los países miembros unas cuentas saneadas y un déficit inferior al 3 % del PIB. Éste será uno de los principales retos a los que se tendrá que enfrentar el nuevo Gobierno de España que liderará Pedro Sánchez, tras ser investido con el apoyo de los diputados de Sumar y de los partidos nacionalistas de Euskal Herria, Catalunya y Galicia.
En base a los cálculos realizados por el Gobierno en el Plan Presupuestario 2024 que envió a Bruselas el 15 de octubre, España llegará a reducir el déficit al 3 % en 2024 gracias al crecimiento económico (prevé que será del 2,4 % en 2023 y del 2 % en 2024), la reducción del paro (se situará en el 10,9 % según las previsiones), el control del gasto público, el incremento de los ingresos y el dinamismo del mercado laboral.
No obstante, las principales entidades económicas mundiales y estatales, entre ellas el FMI, manejan otras cifras y han comenzado a realizar sus recomendaciones con la vista puesta en ese 3 %. Hablan de retirar las medidas antiinflación y también se empiezan a escuchar voces sobre nuevas reformas en la fiscalidad y en las pensiones.
Medidas antiinflación
El Fondo Monetario Internacional (FMI), la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE), el Banco de España, la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (AIReF) y la Comisión Europea concuerdan que es el momento de eliminar o focalizar las medidas que se tomaron para paliar la inflación, tras las crisis surgidas a raíz de la pandemia y la guerra de Ucrania, y que están vigentes hasta el 31 de diciembre.
La suspensión de estas medidas significaría un ahorro de cerca de 3.800 millones (0,4 % del PIB). El Gobierno en funciones había previsto la eliminación de la mayoría de ellas en el Plan Presupuestario 2024. No obstante, Pedro Sánchez anunció en su discurso de investidura que mantendrá algunas de ellas el próximo año.
Entre ellas, destaca el mantenimiento de la rebaja del IVA de los alimentos hasta junio. En el caso de los alimentos de primera necesidad (pan, leche, huevos, frutas y hortalizas) será del 0 %, y en el caso del aceite y de la pasta alimentaria del 5 %.
Por otra parte, también aseguró que, a partir del 1 de enero, el transporte público será gratuito para los menores, jóvenes y las personas desempleadas. De esta manera, el gobierno focalizará las ayudas al transporte en estos colectivos, dando por finalizados los descuentos de los abonos.
Entre otras medidas que prometió en la investidura se encuentran la mejora del bono joven para alquiler y el mantenimiento del bono cultural.
Focalizar las ayudas para paliar la inflación y destinarlas sólo a aquellas empresas y familias que más las necesiten es una de las ideas que ya han lanzado tanto la AIReF como el Banco de España. El gobernador de esta última entidad, Pablo Hernández de Cos, abogó por la eliminación aunque matizó que de volver a adoptarse deberían ser "mucho más focalizadas".
Pensiones y fiscalidad
Aún eliminando las medidas antiinflación, todos ellos estaban de acuerdo en que podría no ser suficiente, ya que no se llegarían a ahorrar esos cerca de 13.000 millones que se piden desde la UE. A raíz de ello, en algunas declaraciones, se ha planteado tomar medidas fiscales más drásticas e incluso reformar el sistema de pensiones.
Hernández Del Cos, por ejemplo, ha pedido al Gobierno una "política fiscal restrictiva", y a ha añadido que deberá ser "gradual y abarcar varios años".
Por su parte, la OCDE asegura en el informe Panorama Económico de España publicado el 25 de octubre que "hay espacio para incrementar el IVA y los impuestos relacionados con el medioambiente". Asimismo, asegura que el Gobierno tendrá que enfrentarse a un gran incremento del gasto en pensiones y en envejecimiento de la ciudadanía hasta finales de la década de 2040. Por lo tanto, ha recomendado al Gobierno "tomar medidas para compensarlo", afirmando que "es preferible ligar la edad legal de retiro con la esperanza de vida" y "recortar las tasas de devengo de las pensiones".
Alfred Kammer, el responsable del FMI para Europa, abordó el tema en la cumbre que realizaron en octubre en Marrakech. En su opinión la "consolidación fiscal debe ser una prioridad para el Gobierno" español. Mientras, la asistente de la entidad Laura Papi detalló que otras posibles medidas podrían ser "la reducción de deducciones relacionadas con el IVA" y apreció la "necesidad de alguna reforma en el lado de las pensiones".
Consecuencias
Las reformas y medidas que proponen las entidades económicas afectan a los bolsillos de los ciudadanos, pero no llegar a reducir el déficit también podría tener consecuencias para el Gobierno. Ander Iparraguirre, economista y profesor de Mondragón Unibertsitatea, explica que mantener el déficit controlado es signo de que las cuentas públicas gozan de una buena salud y ello genera confianza en los mercados financieros a la hora de emitir deuda pública. Si los mercados no tienen confianza en el Estado y su situación económica, el coste de la deuda pública en la próxima emisión será bastante más alto.
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