Iberdrola y Repsol, cara a cara en tribunales, en el primer juicio por 'greenwashing' del Estado español

Iberdrola y Repsol se enfrentarán este jueves en el Juzgado de lo Mercantil número 2 de Santander (Cantabria) en la demanda presentada por la eléctrica contra la petrolera por "competencia desleal" y "publicidad engañosa", en el primer juicio entre empresas por greenwashing (ecopostureo) del Estado español.

El proceso judicial se inició a partir de una demanda presentada por Iberdrola el pasado mes de febrero. En ella, la compañía de Ignacio Sánchez Galán acusaba a Repsol de promocionar iniciativas supuestamente sostenibles, "cuando su oferta multiproducto busca fomentar el uso de carburantes", así como de "centrarse en la sostenibilidad, cuando constituye un elemento menor de sus actividades actuales" (el grueso de su actividad se centra el el petróleo).

La energética ponía el foco en tres campañas publicitarias y una decena de referencias en la página web corporativa de Repsol que, en su opinión, son engañosas de cara al "compromiso medioambiental de la compañía", por lo que suponen competencia desleal para las empresas que sí son verdes de verdad. Ante ello, Iberdrola pide condenar a Repsol y que se le obligue a retirar todas sus campañas, y a publicitar, por los mismos medios, una corrección.

Por su parte, Repsol defiende su estrategia en cuanto a su ambición en la transición energética. Para el consejero delegado de petrolera, Josu Jon Imaz, la demanda revelaba el "nerviosismo" de la eléctrica y se buscaba "limitar el crecimiento" de la energética en el sector eléctrico.

Demanda inédita en el Estado

El juicio tendrá por escenario la capital cántabra porque es allí donde Repsol tiene la sede su comercializadora de electricidad y gas. La sentencia podría conocerse entre finales de este año o principios de 2025.

Jurídicamente la demanda es pionera, ya que el 'greenwashing como tal no es algo tipificado actualmente en el ordenamiento jurídico español.

En otros países como Estados Unidos, Reino Unido, Alemania o Italia ya se han tomado medidas contra compañías, principalmente petroleras, por incurrir en greenwashing. En el seno de la Unión Europea existe una directiva europea aprobada en febrero y que introduce normas específicas para hacer frente al ecopostureo, aunque no ha sido todavía transpuesta por el Estado español.