La nueva Ley de Industria obligará a las empresas que deslocalicen a devolver las ayudas públicas
El proyecto de Ley de Industria y Autonomía Estratégica, aprobado este martes por el Gobierno español, endurece las medidas encaminadas a evitar la deslocalización de las empresas industriales, especialmente de las que han recibido ayudas públicas, en aras de blindar el empleo.
Así lo recoge el proyecto de Ley de Industria y Autonomía Estratégica, en línea de lo pactado el año pasado por EH Bildu, Unidas Podemos y PSOE. En este sentido, el diputado de EH Bildu, Oskar Matute, ha celebrado que se vaya a "cumplir y hacer realidad" el acuerdo alcanzado en 2023 para frenar la deslocalización de empresas.
Como novedad, las empresas que hayan recibido subvenciones públicas superiores a los 3 millones de euros en los últimos cinco años tendrán que mantener la actividad durante el periodo que establece la Ley. Y en el supuesto de que estas empresas hubieran recibido subvenciones para la implantación de su actividad, deberán devolverlas si reducen en más de un 65 % su producción o en 500 personas o más su plantilla.
Además, cualquier empresa que quiera finalizar su actividad tendrá que anunciarlo con nueve meses de antelación al Gobierno español.
A continuación, se establecerá una mesa para la reindustrialización donde estarán la compañía, el Ministerio, las comunidades autónomas y los sindicatos para revertir la decisión o asegurar todas las opciones posibles para el mantenimiento de las capacidades industriales.
En la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros, el titular de Industria y Turismo, Jordi Hereu, ha insistido en que el texto aportará "modernización, seguridad, certidumbre y nuevos instrumentos de apoyo" al sector.
Asimismo, también ha asegurado que el proyecto de ley tiene como objetivo la "reindustrialización" o "garantizar autonomía estratégica", entre otras cosas.
En opinión de la ministra portavoz, Pilar Alegría, el nuevo articulado es, prácticamente, un "cambio de paradigma" tras 32 años, ya que la legislación sectorial vigente en la actualidad se aprobó en el año 1992.
Tras la aprobación por parte del Consejo de Ministros, el texto emprenderá próximamente su tramitación parlamentaria en el Congreso de los Diputados.
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