Un juzgado investigará si los trabajadores de la cárcel de Álava hacen una "huelga encubierta"

El juzgado de Vigilancia Penitenciaria de Bilbao ha pedido al Juzgado de Guardia que investigue si los trabajadores de la cárcel de Álava están llevando a cabo una "huelga encubierta" ante el incremento de bajas por incapacidad temporal, lo que está causando que se suspendan servicios básicos en el centro desde principios de esta semana.

El Departamento de Justicia y Derechos Humanos del Gobierno Vasco ha informado de esta decisión judicial recogida en un auto del citado juzgado de Bilbao, en el que se recogen diversos informes llevados a cabo por el director del centro alavés que dan cuenta de la "carencia de recursos humanos por causas sobrevenidas".

Esta falta de personal ha supuesto el cierre de varios servicios (economato), el previsible cierre inminente de los talleres, así como la suspensión de las comunicaciones de los reclusos con sus familiares y sus abogados, incluidos los vis a vis.

La petición judicial se ha conocido después de que el presidente de Acaip-UGT, José Ramón López, haya advertido al Gobierno Vasco de que el sistema penitenciario en la Comunidad Autónoma Vasca puede ir a la "quiebra" como continúe con su actual gestión, que mantiene a las tres cárceles vascas en un "absoluto caos".

El director de la cárcel remitió estos informes a instancias del juzgado, en los que también señala que la falta de personal no responde a ninguna convocatoria de huelga, pero "sí a una comunicación verbal, consensuada por el conjunto de la plantilla de trabajadores, de cesar en su disponibilidad para realizar las horas extras requeridas para la cobertura de los servicios prestados en el centro penitenciario de forma ordinaria, en el contexto de la negociación de sus condiciones laborales".

A esta situación se suma, según el Gobierno Vasco, que a lo largo de diciembre han aumentado las incapacidades laborales, "continuadas y masivas", hasta 73 trabajadores desde el 4 de diciembre de una plantilla de 179 personas.

En su auto el juez considera la situación "preocupante, insostenible, intolerable y alarmante" y cree que concurren "todos los datos para concluir que se trata de una huelga encubierta". Esta posibilidad "ha conllevado que se vean vulnerados los derechos de la población reclusa".

Por ello, el juez ha pedido "medidas urgentes" y el Ejecutivo autonómico ha activado la bolsa de trabajo, desde la que ha incorporado de manera inmediata a 32 trabajadores.

Además, el juzgado ha emplazado al Gobierno a que estudie la posibilidad de adoptar medidas de carácter disciplinario con respecto a los funcionarios penitenciarios que, "de forma consecutiva, continuada y colectiva, presentaron la baja médica desde el día 4 del presente mes".

En este contexto, familiares de los presos y presas han convocado una concentración para este sábado por sus derechos.