El Gobierno Vasco reclama 202 millones por prácticas anticompetitivas a cuatro empresas de material sanitario

El Gobierno Vasco interpondrá una demanda judicial para reclamar 202 millones de euros a cuatro empresas proveedoras de material sanitario por el perjuicio causado a las arcas públicas a través del "cártel" que conformaron para fijar precios y establecer prácticas "anticompetitivas", una estrategia por la que ya fueron condenadas en 2023 por el Tribunal Supremo.

La decisión de plantear esta demanda ha sido dada a conocer por la portavoz del Ejecutivo vasco, María Ubarretxena, quien tras la reunión semanal del Consejo de Gobierno, ha informado de que las empresas contra las que se dirigirá esta acción judicial son Essity Spain, Laboratorios Hartmann, Paul Hartmann España y Laboratorios Indas.

Ubarretxena ha explicado que estas empresas "ya condenadas por el Tribunal Supremo por la creación de un cártel para fijar los precios de determinados productos absorbentes que distribuían".

De esa forma, ha anunciado que el Gobierno Vasco interpondrá una demanda contra estas compañías "por posible fijación de precios, condiciones comerciales y de dispensación en el mercado de la fabricación, comercialización y distribución de productos absorbentes para la incontinencia grave en adultos".

Ubarretxena ha indicado que debido a esta "práctica anticompetitiva", el Gobierno vasco ha sufrido un perjuicio, dado que ha tenido que abonar, en el periodo comprendido entre 1997 y 2014, un sobreprecio en las adquisiciones de estos productos que se distribuían a través de las farmacias.

La portavoz del Gobierno Vasco ha subrayado que "la existencia del cártel, la infracción del derecho a la competencia y la participación de las empresas anteriormente señaladas ha quedado ya confirmada por los tribunales de justicia", puesto que, según ha recordado, el Tribunal Supremo emitió una condena firme en 2023.

En este sentido, ha indicado que el Departamento de Salud envió ese mismo año a las empresas condenadas por este "cártel" un requerimiento extrajudicial en el que solicitaba una indemnización al Gobierno por los perjuicios provocados. No obstante, ha afirmado que las empresas "o no contestaron o rechazaron el acuerdo extrajudicial".

Ubarretxena, que ha informado de que el Gobierno Vasco cifra en 202 millones de euros el perjuicio para las arcas públicas causado por estas prácticas, ha señalado que "es ahora cuando empieza el plazo legal para la reclamación de los daños causados".