El BBVA tiene que decidir si sigue con la opa al Sabadell tras dilatar el Gobierno español a tres años una fusión

El Gobierno español ha autorizado la opa del BBVA al Sabadell con la condición de que en los próximos tres años no haya una fusión, por lo que ahora el potencial comprador tendrá que decidir si sigue adelante con su plan y traslada su oferta a los accionistas del banco catalán.

En su mano el BBVA sigue teniendo la opción de tirar la toalla y renunciar a la opa o incluso de recurrir la decisión del Consejo de Ministros ante el Tribunal Supremo, al que podría pedir cautelarmente que deje en el aire la condición impuesta por el Gobierno.

El Consejo de Ministros ha alumbrado, por fin, su decisión sobre la opa anunciada hace trece meses siempre que el BBVA se comprometa a mantener de forma independiente la personalidad jurídica y patrimonio del Sabadell, así como la autonomía en la gestión de su actividad.

Una vez transcurridos esos tres años, el Ejecutivo, aunque cabe la posibilidad de que haya cambiado, evaluará, a partir de dos informes de las propias entidades si han cumplido con las medidas impuestas para preservar el interés general, o de lo contrario la imposibilidad de llevar a cabo una fusión se alargará dos años más.

El Gobierno español ha endurecido la operación con el argumento de mantener la financiación a las pymes y a empresas algo mayores, las fundaciones de ambas entidades, la red de oficinas y el mantenimiento del empleo.

Si prospera la opa, el BBVA tendrá vía libre para renovar al consejo de administración del Sabadell en función del porcentaje que llegue a controlar de la entidad, así como a su cúpula, tanto presidente como consejero delegado, siempre cumpliendo con las normas de buen gobierno y defendiendo los intereses de la entidad.

El ministro no oculta que la intención del Ejecutivo es evitar el impacto sobre el empleo y los clientes que podría tener una fusión entre el BBVA y el Sabadell, tirando de la experiencia de otros procesos en el pasado e insiste en que la actuación de manera autónoma de los dos bancos busca maximizar el valor de cada entidad.

Tras la decisión del Gobierno español, las reacciones se han sucedido, especialmente en Cataluña. El presidente de la Generalitat, Salvador Illa, ha celebrado la noticia porque garantiza la "competencia equilibrada" y los "derechos de los trabajadores, de clientes y de empresas".

ERC ha expresado su deseo de que las condiciones del Ejecutivo central hagan "fracasar" la operación, de manera que pueda "preservarse el sistema financiero catalán".