Sindicatos nacionalistas de Euskadi, Cataluña y Galicia se unen para reclamar un SMI propio
Los sindicatos nacionalistas de Euskadi, Navarra, Galicia, Cataluña, Valencia y Baleares han dado un paso conjunto para reclamar un Salario Mínimo Interprofesional (SMI) propio en sus respectivos ámbitos. Lo han hecho desde Bilbao, donde representantes de ELA, LAB, Steilas y Etxalde han comparecido junto a organizaciones sindicales de otros territorios, conectadas por videoconferencia.
Las centrales, que se definen como “sindicatos de naciones sin Estado”, promoverán reuniones en Madrid con los partidos políticos con representación en el Congreso, salvo el PP y Vox, para defender una reforma del artículo 27 del Estatuto de los Trabajadores. Ese precepto regula actualmente la fijación y revisión del SMI en el Estado español. También solicitarán un encuentro con la ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, pese a asumir que no es partidaria de establecer salarios mínimos diferenciados por territorios.
El secretario general de ELA, Mitxel Lakuntza, ha subrayado que el contexto político actual abre una ventana de oportunidad. A su juicio, la gobernabilidad del Estado se apoya en fuerzas soberanistas e independentistas, lo que, según ha señalado, hace viable plantear cambios en la regulación laboral vigente.
En el manifiesto acordado, los sindicatos defienden que la descentralización del SMI permitiría hacerlo “más justo”, al adaptarlo a la realidad económica y social de cada comunidad. Sostienen que las comunidades autónomas deberían contar con indicadores propios y mecanismos que garanticen que cualquier revisión del salario mínimo se traslade de forma automática a las tablas salariales.
Las organizaciones firmantes también reclaman la derogación del IPREM y que el SMI pase a ser el único indicador de referencia para fijar prestaciones sociales. Denuncian que las cuantías actuales del salario mínimo resultan insuficientes para hacer frente al coste de la vida, especialmente por el encarecimiento de la vivienda y la pérdida de poder adquisitivo.
En este contexto, critican una legislación laboral que consideran centralista y que, a su entender, normaliza la precariedad y los bajos salarios. Por ello, apuestan por cambios profundos en las políticas públicas que permitan superar un modelo que, dicen, uniformiza las desigualdades económicas y sociales entre territorios.
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