La Fiscalía pide anular el registro de Sidenor por la venta de acero a Israel

La Fiscalía de la Audiencia Nacional ha solicitado al juez Francisco de Jorge que anule el registro llevado a cabo el martes por la Policía Nacional en la sede de la empresa Sidenor en Basauri dentro de la causa abierta para investigar la venta de acero por parte de esa compañía a Israel.

Según han confirmado fuentes jurídicas, el Ministerio Público entiende que toda la investigación de este caso "se está realizando sin apoyatura legal".

El juez investiga si el presidente de Sidenor, José Antonio Jainaga, y dos directivos de esa empresa incurrieron en un delito de contrabando y participación por complicidad en otro de lesa humanidad por vender partidas de acero a la compañía Israel Military Industries (IMSI), fabricante de armas, "con pleno conocimiento" de que el material "iba lógicamente destinado a la producción de armamento".

El procedimiento judicial se inició a raíz de una querella de la Asociación Comunitat Palestina de Catalunya-Terra Santa, personada como acusación popular en representación de la campaña Fin al Comercio de Armas con Israel.

La Fiscalía critica el rumbo de la investigación del magistrado de la Audiencia Nacional porque, subraya, los delitos de lesa humanidad solamente pueden ser perseguibles si hay una actuación del Ministerio Fiscal o de un "agraviado" y cree que la asociación denunciante no lo es (es una acusación popular y no particular).

De ahí se deduce, según la fiscal, la "absoluta nulidad de todo lo practicado y referido a este delito de genocidio, lesa humanidad y contra las personas y bienes protegidos en caso de conflicto armado" y que la investigación debería circunscribirse al delito de contrabando.

En el marco de esa causa, el juez ordenó el martes el registro de la planta de Sidenor en Basauri, que llevaron a cabo efectivos de la Policía Nacional y el Servicio de Vigilancia Aduanera y que duró varias horas.

El Ministerio Público ya se había opuesto a la intención del juez de llevar a cabo ese registro y pidió que en su lugar se requiriese a la empresa la documentación que quería obtener el juez.

Pese a ello, De Jorge ordenó la entrada y registro que, según la Fiscalía, fue inadecuada y desproporcionada porque no había peligro de que se hiciesen desaparecer documentos, por lo que solicita ahora que se revoque y se deje sin efecto.