Los tres investigados por explotación laboral a pakistaníes, en libertad y sin poder salir de España
Las tres personas, de origen pakistaní, detenidas por reclutar ilegalmente a 34 compatriotas para obras en la CAV, Cantabria y Asturias han quedado en libertad, aunque se les ha retirado el pasaporte, por lo que no podrán salir del Estado.
Así lo ha decidido el titular de la Plaza número 4 de la Sección de Instrucción del Tribunal de Instancia de Santander, en funciones de guardia este jueves, después de que los investigados hayan pasado a disposición judicial y se hayan acogido a su derecho a no declarar. El magistrado también ha acordado la retirada del pasaporte y la obligación de comparecer los días 1 y 15 de cada mes ante el juzgado.
El juez no ha resuelto sobre la prisión provisional porque el ministerio fiscal, única parte acusadora personada en la causa, no ha solicitado esa medida, ha informado el Tribunal Superior de Justicia de Cantabria.
Los hechos por los que se han incoado las diligencias constituirían dos delitos penales contra los derechos de los trabajadores extranjeros, cuyas penas son de prisión de tres meses a un año, y de seis meses a seis años.
Por otro lado, está previsto que el viernes el instructor tome declaración a cuatro de las víctimas de este procedimiento, las que se encuentran actualmente en Cantabria.
30 000 euros a cambio de un contrato
El auto judicial explica que los tres investigados formarían parte de una organización dedicada a suministrar mano de obra ilegalmente a empresas constructoras en el norte del Estado español, "presentando su principal nivel de actividad en el partido judicial de Santander".
En Cantabria, se han llevado a cabo registros y se han detectado personas pakistaníes que trabajaban explotadas en Santander, Cartes, Piélagos y Bezana.
De lo manifestado a la Guardia Civil por algunos de los trabajadores se desprende que la organización exigía a ciudadanos pakistaníes 30 000 euros "para conseguirles contratos de trabajo en España, favoreciendo la inmigración ilegal".
Al parecer, les facilitaban "viviendas que carecen de habitabilidad (en ocasiones sin luz ni agua corriente) para venir a trabajar" al Estado, "con horarios laborales superiores a los establecidos legalmente o por convenio y sin dar de alta en la Seguridad Social".
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