Inspección de Trabajo concluye que el ERE en Tubos Reunidos cumple la ley y concurren causas económicas

El informe de la Inspección de Trabajo sobre el ERE en Tubos Reunidos ha concluido que el expediente de regulación de empleo (ERE) en las plantas de Amurrio y Valle de Trápaga "resulta jurídicamente viable sin perjuicio de que haya discrepancias sindicales e incertidumbres sobre las previsiones futuras".

Este organismo considera que el procedimiento seguido por la empresa para aplicar el ERE "cumple sustancialmente los requisitos legales y que concurren causas económicas, productivas y organizativas para su aplicación".

El documento, de 83 páginas y con fecha de este jueves, constata además que "ha existido negociación efectiva" sobre el expediente, aunque esta haya terminado sin acuerdo entre la dirección y los sindicatos. 

Finalmente, el ERE afecta a 240 trabajadores: 177 en Amurrio y 63 en Valle de Trápaga. La cifra inicial prevista de salidas era de 301, pero se ha ajustado por las adscripciones voluntarias y por la conversión en indefinidos de 46 contratos temporales tras el requerimiento de la propia Inspección de Trabajo por un fraude de ley en la contratación.

El informe concluye que hay concurrencia acreditada para la presentación en ERE por causas económicas, debido a las pérdidas significativas, muy agravadas en 2025. De hecho, el informe cita unas pérdidas de 63 millones de euros, aunque esa era una cifra provisional que Tubos Reunidos presentó para este informe. El pasado marzo la empresa confirmó que las pérdidas ascendieron el año pasado a 118 millones.

Con el deterioro estructural de resultados la empresa estaría en situación de causa legal de disolución si no fuera porque el préstamo de la SEPI es participativo y cuenta como patrimonio. El informe matiza que, aunque no se acredita una disminución persistente de ingresos durante tres trimestres consecutivos, sí hay "pérdidas actuales y previstas suficientes" a efectos legales.

Además, el informe considera admitidas las causas organizativas al estar conectadas con las anteriores causas económicas. Se trata en concreto del cierre de la acería de Amurrio y la externalización de logística, dos cuestiones a las que se opone frontalmente el comité de empresa.

Externalizar la acería supone un ahorro estimado de 8,3 millones de euros al año y hacer lo propio con la logística de 0,8 millones también en cada ejercicio.

Sobre el desarrollo del periodo de consultas, el informe constata un incumplimiento formal del plazo mínimo entre la entrega de documentación y la primera reunión, pero no aprecia mala fe negociadora. Además, considera que la conversión de contratos temporales en definidos es un elemento favorable a la conducta empresarial.