El Ayuntamiento de Hondarribia se querella contra las promotoras del oulet paralizado

El Ayuntamiento de Hondarribia ha presentado una querella contra las promotoras Higertoki y Zaldunborda Berri al entender que pueden haber incurrido en un delito de falsedad en documento mercantil y otro de estafa procesal en el litigio emprendido contra el consistorio por la paralización del proyecto del macro outlet en la localidad guipuzcoana.

Ambas empresas interpusieron hace un año una demanda judicial en la que exigían 13,7 millones de euros al Ayuntamiento por supuestos perjuicios económicos derivados de la paralización del proyecto en los terrenos de Zaldunborda derivados de "trabajos supuestamente realizados" durante el tiempo transcurrido entre la aprobación y la anulación del planeamiento.

El Ayuntamiento, gobernado por Abotsanitz y EH Bildu, ha interpuesto su querella en los juzgados de Irun para que investigue la documentación aportada por las promotoras pues considera que pueden existir "contradicciones" en la documentación que han presentado para sustentar su demanda, por lo que esta no se correspondería "con la realidad".

En una nota hecha pública este jueves, el alcalde, Igor Enparan, explica que para defenderse del procedimiento civil iniciado por Higertoki y Zaldunborda Berri, el Ayuntamiento solicitó una auditoría, además de un informe a una abogada especializada en derecho penal, según el cual "existen indicios suficientes para promover una investigación penal".

"Por eso hemos presentado la querella, para que un juez investigue estos hechos. No es una decisión tomada a la ligera. Los partidos nos hemos unido en esta decisión porque lo que estamos defendiendo es el interés y el dinero de todas y todos los hondarribiarras”, ha subrayado el regidor, que ha recordado que el pasado 30 de septiembre el pleno aprobó por unanimidad acudir a los tribunales con este fin.

Enparan ha detallado que las empresas han aportado en la demanda 39 documentos para justificar gastos por unos 6,1 millones de euros, pero que al analizarlos, el Ayuntamiento ha encontrado que unos 5,5 millones de euros, casi el 90 %, corresponden a facturas entre empresas vinculadas entre sí.