El nuevo gobierno de Brasil 'carece de legitimidad', según Rousseff

El Senado de Brasil ha aprobado someter a un juicio político a la mandataria Dilma Rousseff y la ha apartado del cargo por un periodo de hasta 180 días, tiempo máximo para que concluya el proceso y en el que será sustituida por su vicepresidente, Michel Temer.

En la votación, que se ha producido después de una sesión continua de 20 horas y media de duración, 55 senadores se han pronunciado a favor del juicio político y 22 han votado en contra.

Temer deberá completar el mandato presidencial que concluye el 1 de enero de 2019 en caso de la definitiva destitución.

El senador que, con su discurso, ha inclinado la balanza hacia el llamado impeachment ha sido Blairo Maggi, quien ha asegurado que ha recibido la invitación de Temer de asumir a partir de hoy el Ministerio de Agricultura.

Los pocos senadores que han arropado a Rousseff han insistido en la tesis de que en Brasil está en marcha un "golpe contra la democracia", a pesar de este miércoles el Tribunal Supremo avaló el proceso al negar un último recurso presentado por la Abogacía del Estado.

Las acusaciones contra Rousseff se fundamentan en unas maniobras fiscales irregulares en las que el Gobierno incurrió en 2014 y 2015, en plena crisis económica, a fin de maquillar sus resultados. Se da la circunstancia de que más de mitad de los senadores que se han mostrado a favor del impeachment tiene cuentas pendientes con la justicia, y está acusado de delitos más graves, tal como destaca el analista en temas internacionales de EiTB, Jesús Torquemada.

No obstante, muchos de los senadores que han manifestado que votarán a favor alegando otros motivos: el gigantesco caso de corrupción en la petrolera estatal Petrobras, la grave crisis económica que atraviesa el país o que Rousseff haya faltado a sus promesas de campaña.

"Carece de legitimidad"

Dilma Rousseff ha defendido su inocencia tras calificar de "farsa jurídica" lo ocurrido. Ha denunciado que el nuevo gobierno interino de Michel Temer carece de legitimidad porque no fue elegido en las urnas.

Arropada por todos sus ministros antes de abandonar el Palacio de Planalto, Rousseff ha comparecido horas después de la decisión del Senado para recordar que fue "elegida por 54 millones de ciudadanos" y para defender su "honestidad y dignidad", lamentando que se le está castigando por "un crimen que no cometí" y acusando a la oposición de haber buscado desde el principio apartarla del cargo.

"Desde que fui elegida, parte de la oposición inconforme pidió recuento de votos, buscó anular las elecciones y luego pasó a conspirar abiertamente contra mí", ha denunciado la presidenta suspendida. Según Rousseff, esto sumió al país en "un periodo permanente de inestabilidad política" que ha impedido la "recuperación económica".

La oposición, ha denunciado, ha buscado "tomar por la fuerza lo que no pudieron conquistar por las urnas".