Investigadores de la ONU acusan a Maduro de crímenes de lesa humanidad
Los investigadores de la ONU han denunciado que en Venezuela se han registrado crímenes de lesa humanidad perpetrados o avalados por el Gobierno, en el marco de un patrón cuyas ramificaciones se extienden hasta el propio presidente, Nicolás Maduro, y para el que se podría solicitar la intervención del Tribunal Penal Internacional (TPI).
La misión, que no ha podido visitar Venezuela por la negativa del Ejecutivo de Maduro a facilitar sus pesquisas, ha investigado más de dos centenares de casos y ha concluido, en un informe de 443 páginas, que se han cometido ejecuciones extrajudiciales, desapariciones forzadas, detenciones arbitrarias y tortura en el país sudamericano.
Concluye que tanto el Gobierno como los grupos afines han cometido violaciones "flagrantes" de los Derechos Humanos, hasta el punto de que se han identificado patrones "coordinados" con políticas del Estado y mantenidos de forma sistemática, lo que equivaldría a crímenes de lesa humanidad.
El presidente Maduro, así como sus ministros del Interior y de Defensa, Néstor Luis Reverol y Vladimir Padrino, tenían conocimiento de los crímenes que se estarían cometiendo, según los expertos, que consideran que estas tres autoridades dieron órdenes, coordinaron actividades y suministraron recursos para que siguiesen cometiéndose los abusos, que se remontarían al año 2014.
El informe ha detectado también actos de represión política dirigidos desde el Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional (SEBIN) y la Dirección General de Contrainteligencia Militar (DGCIM), que habrían perseguido a personas bajo la premisa de delitos falsos, con pruebas orquestadas o sin el debido proceso.
Uno de los investigadores, Francisco Cox, ha advertido de que "estas detenciones arbitrarias, desapariciones a corto plazo y torturas se dirigieron contra la población civil como parte de una política para silenciar la oposición al Gobierno de Maduro".
La persecución política también habría quedado en evidencia en la represión de las protestas convocadas en estos últimos años contra el Gobierno de Maduro, en el marco de las cuales se registraron "el asesinato de 36 manifestantes" y prácticas de tortura y otros malos tratos durante la detención, como por ejemplo simulacros de ejecución.
Los investigadores han llamado a poner fin a la impunidad, para lo cual "las autoridades venezolanas deben llevar a cabo de inmediato investigaciones rápidas, eficaces, exhaustivas, independientes, imparciales y transparentes sobre las violaciones y los crímenes, haciendo que los autores rindan cuentas e impartan justicia para las víctimas", en palabras de la jefa de la misión.
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