Boluarte exige al Congreso que reconsidere "sin pretextos" el adelanto de elecciones

La presidenta de Perú, Dina Boluarte, ha insistido este sábado al Congreso peruano que apruebe "sin pretextos" el adelanto electoral solicitado por la mandataria para atajar las fuertes protestas en el país tras la detención del expresidente Pedro Castillo, una petición rechazada esta pasada noche por la cámara.

"El Congreso debe reflexionar y trabajar de cara al país, el 83 por ciento de la población quiere adelanto de elecciones", ha explicado Boluarte en referencia a una de las últimas encuestas del Instituto de Estudios Peruanos (IEP), publicada en el diario 'La República'. 

Las legislaturas peruanas tienen una duración de cinco años, el adelanto electoral y la consiguiente reducción de un mandato, debe ser precedida por una propuesta de reforma constitucional que debe pasar por el Congreso. La reforma constitucional propuesta por Boluarte apuntaba al adelanto de elecciones generales para diciembre de 2023, y el recorte de los mandatos presidencial y parlamentario hasta el 30 de abril del año siguiente, cuyo periodo debe concluir, en principio, en julio de 2026. 

La medida tan solo ha recabado el apoyo de 49 congresistas, mientras que otros 33 se han manifestado en contra y 25 más se han abstenido, quedando muy lejos de las cifras requeridas para sacar adelante una reforma constitucional, según recoge la emisora RPP. 

"No busquen pretextos para no adelantar las elecciones, voten de cara al país, no se escuden detrás de una abstención. O es blanco o es negro, a medias tintas no se resuelven los problemas del país", ha manifestado. 

La presidenta también ha negado, a su vez, la posibilidad de renunciar. "¿Qué se resuelve con una renuncia mía, se resuelve el problema? No, no se resuelve el problema (...) Acá vamos a estar firmes hasta que el Congreso resuelva el adelanto de elecciones", ha enfatizado.

La jefa del Estado, que asumió el cargo el pasado 7 de diciembre en reemplazo de Pedro Castillo, sostiene que el suyo es "un gobierno de transición" y que tomó la decisión de no terminar su mandato al interpretar "de la manera más amplia la voluntad de la ciudadanía".

Castillo permanece actualmente en prisión, tras ser destituido por el Congreso después de que dictara la disolución del Parlamento, anunciara la conformación de un ejecutivo de emergencia, que iba a gobernar por decreto, convocar a una asamblea constituyente y a reorganizar el sistema de justicia.