Amnistía Internacional alerta de que las ejecuciones aumentaron un 78 % el año pasado hasta su cifra más alta desde 1981
Activistas de Amnistía Internacional manifestándose contra la pena de muerte. © AI
Las ejecuciones registradas a nivel global se dispararon un 78 % en 2025, hasta 2707, ha informado este lunes Amnistía Internacional (AI), la cifra más alta registrada por el organismo en 44 años. Según explica, este número ha estado espoleado por las ejecuciones en Irán, que multiplicó por más de dos sus ejecuciones el año pasado
El "impresionante aumento" documentado en el informe Condenas a muerte y ejecuciones 2025, indica AI, "se debió a unos pocos gobiernos decididos a ejercer su poder mediante el miedo", entre los que destacó a Irán, principal impulsor del incremento, donde se constataron casi el 80 % del total de las ejecuciones, concretamente 2159, más del doble que las registradas en 2024 en ese territorio y su mayor número de ejecuciones en décadas, ha destacado.
La organización de derechos humanos, que ha advertido que China ha seguido siendo "el país con más ejecuciones en el mundo", pese a que sus datos no figuran en el informe porque sus autoridades los consideran secreto de Estado, ha elaborado las estadísticas a partir de cifras de 17 países donde sigue vigente la pena de muerte, dos más que el año previo, "pese a la tendencia global continuada hacia la abolición".
"Desde China, Irán o Corea del Norte, pasando por Arabia Saudí y Yemen, hasta Kuwait, Singapur y Estados Unidos, esta vergonzosa minoría está utilizando la pena de muerte como arma para infundir temor, sofocar la disidencia y mostrar la fuerza que las instituciones estatales tienen sobre personas desfavorecidas y comunidades marginadas", ha manifestado en un comunicado la secretaria general de Amnistía Internacional Agnès Callamard.
En Arabia Saudí, que el año pasado utilizó ampliamente la pena de muerte para delitos relacionados con las drogas, el recuento de ejecuciones creció hasta 356 personas, 11 más que en 2024; mientras que en Kuwait casi se triplicaron (de seis a 17) y en Egipto casi se duplicaron (de 13 a 23).
En Estados Unidos fueron 47 las personas ejecutadas en 2025, en comparación con las 25 contabilizadas un año antes, mientras que el Singapur la cifra pasó de 9 a 17.
El organismo ha destacado en este último informe el impulso en ciertos países, como Argelia, Kuwait y las Maldivas, para ampliar el uso de la pena capital para delitos relacionados con las drogas, algo que quedó reflejada en las cifras: el 46 % de las ejecuciones (1257) fueron en el marco de la "guerra contra las drogas".
"El recurso a la pena de muerte se acrecentó al situar las autoridades de varios países esta pena cruel en el centro de falacias narrativas sobre seguridad pública y 'mano dura contra la delincuencia' con el fin de ejercer el control, proyectar el poder del Estado y anotarse puntos políticos", destaca el informe.
En Burkina Faso, el gobierno aprobó el año pasado un proyecto de ley que incluía la reinstauración de la pena de muerte para delitos como "alta traición", "terrorismo" y "actos de espionaje", mientras que las autoridades de Chad establecieron una comisión para revisar cuestiones relacionadas con la cuestión, incluida su reinstauración.
Cuatro países reanudaron las ejecuciones en 2025 (Japón, Emiratos Árabes Unidos, Sudán del Sur y Taiwán), mientras que "en el resto del mundo se hicieron progresos (hacia la abolición de la pena de muerte) que demostraron que la esperanza es más fuerte que el miedo", agrega AI en su nota.
Cuando Amnistía Internacional comenzó su trabajo contra la pena de muerte en 1977, sólo 16 países la habían abolido. La cifra asciende hoy en día a 113, más de la mitad de los países del mundo, mientras que más de dos tercios son abolicionistas en la ley o la práctica.
AI elabora su informe anual sobre la pena de muerte en el mundo a través de información de diversas fuentes, entre ellas, las cifras oficiales disponibles, las sentencias dictadas, información de personas condenadas a muerte y sus familias y representantes, informaciones de los medios de comunicación y, según se especifique, informes de otras organizaciones de la sociedad civil.
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