Las 10 claves de la LOMCE

Desde que fueran presentadas sus líneas generales, la Ley Orgánica para la Mejora de la Calidad Educativa (LOMCE), conocida también como 'Ley Wert' (apellido del ministro de Educación, José Ignacio Wert, principal impulsor de la misma), ha generado el rechazo de la comunidad educativa así como de las comunidades autónomas no gobernadas por el PP. En Euskadi, las asociaciones de padres y alumnos, sindicatos, partidos políticos y el Gobierno Vasco han mostrado su total oposición, argumentando que supone entre otros, la invasión de competencias y el retroceso en la calidad educativa.

Estos son los 10 cambios claves que supone la séptima reforma educativa desde la democracia:

1.   Primacía del castellano: adiós a la inmersión lingüística

El Gobierno español determina los contenidos y horas lectivas de la asignatura de Lengua Castellana, que es considerada troncal. El Euskera es relegado a la condición de materia de especialidad (al mismo nivel que Educación Física).

Se elimina de facto la inmersión lingüística, presente en Euskadi desde hace más de 30 años, ya que se establecen un mínimo de asignaturas a impartir en los dos idiomas.

2.   Centralización: más control del Ministerio

Las comunidades autónomas solo podrán decidir los contenidos y horarios de las asignaturas llamadas específicas (Educación Física, Plástica, Música...) y las de las lenguas cooficiales, en este caso el Euskera. Es el Gobierno central quien decide sobre las asignaturas troncales (Lengua Castellana, Matemáticas, Ciencias o Idioma Extranjero), es decir, entre el 65 y el 75% de los contenidos (65 % en las comunidades con lenguas cooficiales como Euskadi).

El actual sistema educativo vasco, alabado por el propio Wert por sus bajas cotas de fracaso escolar, no ha sido tenido en cuenta, según denuncia el Gobierno Vasco y la comunidad educativa vasca.

Curiosamente, el mayor coste de implantación de la reforma corre a cargo de las comunidades autónomas. El Gobierno central asume el coste de la implantación de la norma, y las comunidades, el de la fase de consolidación, más larga y costosa.

3.   Peso de la religión católica

La asignatura de Religión pasa a una materia de especialidad, contará para la nota media y se equiparará en horas a la media del resto de asignaturas. Se atiende así a una petición histórica de la Iglesia Católica, ante la caída de un 10 % de las matriculaciones.

La Educación para la Ciudadanía deja de existir y se establece una alternativa a la Religión: Valores culturales y sociales,  en Primaria; y Valores éticos, en Secundaria.

4.   Reválidas y evaluaciones continuas

La selectividad desaparece y se establecen varias evaluaciones o reválidas externas. Es decir, dichos exámenes serán preparados y corregidos fuera del centro y tanto en el caso de la reválida de la ESO como la de Bachillerato deberán de ser aprobadas para pasar de ciclo.

Las universidades también podrán hacer pruebas acceso.

5.   FP:  Segregación del alumnado

El acceso a la FP se adelanta. Los alumnos que, según los profesores, no tengan posibilidades de avanzar en la ESO, podrán optar por un nuevo ciclo con 15 años (Formación Profesional Básica). Sin embargo, este primer ciclo no dará acceso directo a la Formación Secundaria, y los alumnos que quieran realizarla deberán pasar un examen.

Esta segregación del alumnado, entre "buenos y malos", ha sido muy criticada por la comunidad educativa, que denuncia que se pretende acabar con el fracaso escolar con "mano dura".

Asimismo, se abre la puerta a establecer rankings de centros educativos, que hasta ahora estaban prohibidos para evitar que los colegios compitieran entre sí.

6.   Escuela menos participativa y participada

El peso del Consejo escolar (formado por los diferentes agentes de la comunidad educativa) pasa a ser puramente consultivo, perdiendo así la fuerza que tenían estos  colectivos en la toma de decisiones y organización.

Estos quehaceres se centralizan a partir de ahora en la figura del director y el equipo educativo.

7.   Refuerzo del papel del director

Los directores de centros serán designados por el Gobierno, ya que tendrán que pasar un proceso de formación y deberán ser acreditados. Se aumenta, de este modo, el control institucional de los centros. La consecuencia indirecta de esta decisión es la pérdida de peso del Consejo Escolar, que hasta ahora participaba en su elección.

Los directores podrán contratar directamente a profesores, sin que la oposición sea obligatoria.

8.   Condiciones de los funcionarios

Las condiciones laborales del profesorado también cambiarán. La LOMCE se reserva el derecho a cambiar el destino y la función de los funcionarios. Asimismo, se aumenta el horario lectivo del profesorado.

Además, el ratio de alumnos por aula se eleva un 10 %.

9.   La reforma, ni debatida ni consensuada

El rechazo a la Ley es unánime por parte de la comunidad educativa vasca. Sindicatos, asociaciones de padres y madres, de alumnos, la red pública, la concertada y las ikastolas, todos, han dejado al lado sus diferencias para unirse contra la Ley. Según denuncian, la reforma no ha sido ni debatida ni consensuada con ellos.

10. Centros concertados

Se prolonga el periodo para renovar los conciertos. Se pasa de un máximo de 4 años a un mínimo de 6 en Primaria y cuatro años en Secundaria. Además, las administraciones deberán tener en cuenta la "demanda social" a la hora de programar el reparto de plazas, es decir, en el caso de que los padres prefieran llevar a sus hijos a la escuela concertada en vez de a la pública.

Plazos de aprobación

El Pleno del Congreso debatirá este jueves 10 de octubre la Ley. La reforma será aprobada con la mayoría absoluta que dispone el PP, para luego ser ratificada por el Senado (donde los populares también gozan de mayoría absoluta).

Fuentes parlamentarias estiman su aprobación definitiva para finales de noviembre o comienzos de diciembre. El Gobierno siempre ha manifestado su intención de que la ley fuera aprobada en ambas Cámaras en otoño de este año para que las primeras medidas puedan ser puestas en marcha el próximo curso 2014-2015 y que a las comunidades autónomas les de tiempo de trabajar en el desarrollo reglamentario.