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La ONU pide a España que busque a los desaparecidos del franquismo

El Comité de Desapariciones Forzadas de la ONU ha hecho público el resultado del examen sobre el cumplimiento por parte de España, de la Convención Internacional sobre las Desapariciones Forzadas.
Presentación del informe de la ONu sobre las víctimas del franquismo
Presentación del informe de la ONu sobre las víctimas del franquismo

El Comité de Desapariciones Forzadas de la ONU asegura que la prescripción del delito de desaparición sólo se produce en el momento en que "la persona aparece con vida, se encuentran sus restos o se restituye su identidad", y ha exigido su cumplimiento al Estado español.

Para ello le ha instado a adoptar las medidas necesarias para superar los obstáculos que puedan impedir tales investigaciones, en particular la interpretación que se ha dado a la ley de amnistía. "Una amnistía es una norma pacificadora. Esta norma, treinta años después, no puede constituir un obstáculo para la justicia", ha dicho el experto del comité, Álvaro Garcé.

El jurista ha presentado el resultado del examen sobre el cumplimiento, por parte de España, de la Convención Internacional sobre las Desapariciones Forzadas, en vigor desde finales de 2010.

En su documento, el órgano de la ONU apunta asimismo la importancia de que los presuntos autores de tales crímenes sean enjuiciados y sancionados en caso de ser declarados culpables. Una cuestión que no recogía el informe presentado por España los pasados días 5 y 6 de noviembre.

El comité ha recomendado a España que "asigne recursos de personal, técnicos y financieros suficientes para la búsqueda y esclarecimiento de la suerte de las personas desaparecidas".

En este ámbito, le pide que considere la posibilidad de crear un órgano específico que asuma esa función, así como una comisión de expertos independientes encargada de determinar la verdad sobre las violaciones a los derechos humanos ocurridas en el pasado.

Por otra parte, el informe del comité también ha abordado el tema de la jurisdicción militar, y ha pedido que se excluya del foro los procesos por desapariciones forzadas, ya que no han analizado "problemas estructurales de este fuero".

El comité ha dado a España un plazo de un año para exponerle los avances en estas cuestiones.

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