Registran una iniciativa para prohibir por ley el fracking en Euskadi
Se trata de la segunda ocasión en esta legislatura en que una propuesta de este tipo llega a la Cámara de Vitoria. La Mesa del Parlamento rechazó solo hace unos meses, con los votos en contra de PNV, PSE-EE y PP, la admisión a trámite de la misma iniciativa debido a que estaba en proceso la reforma de la Ley de Conservación de Naturaleza para prohibir la fractura hidráulica en los espacios naturales.
Esta reforma, impulsada por las Juntas Generales de Álava, fue aprobada el pasado mes de octubre por los votos de PNV, PSE-EE, PP y UPyD, y no incluyó finalmente ninguna prohibición.
El portavoz de los promotores de esta nueva ILP, Mikel Otero, ha sostenido que el resultado de dicha reforma demuestra que fue sólo una "excusa" para no debatir en sede parlamentaria la conveniencia o no de prohibir el "fracking", y ha asegurado que lo van a volver a intentar "con fuerzas renovadas. Cada vez más gente está en contra del fracking".
Otero ha expresado su confianza en que la iniciativa "sirva para concienciar a sectores de la población que no conocen aún los proyectos de fracking" previstos en Euskadi, ya que aunque dichos proyectos están todavía sin materializar "todos los permisos siguen estando ahí y los pozos solicitados siguen su curso administrativo".
"Aquí nadie, ni empresas ni Gobierno, ha renunciado al fracking, con lo cual la propuesta de prohibición está más vigente que nunca", ha añadido.
El texto de la iniciativa plantea prohibir la fractura hidráulica y se apoya para ello en las competencias autonómicas para establecer medidas adicionales de protección ambiental en aplicación de los principios de cautela y acción preventiva. "Estos mismos principios fueron los invocados para la prohibición en Navarra, Cantabria y La Rioja", ha dicho Otero.
Los promotores esperan que la Mesa del Parlamento Vasco admita esta vez la iniciativa para comenzar a trabajar en la recogida de un mínimo de 30.000 firmas de otros tantos ciudadanos. Este número de firmas es imprescindible para que el texto legal pueda elevarse primero a pleno y, si recibe el visto bueno, iniciar su tramitación.
El cambio legislativo que salió adelante deja en manos de los gestores de los espacios naturales protegidos la decisión sobre la compatibilidad o no con lo valores medioambientales de las actividades extractivas.
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