El accidente de Santiago cumple un año con la investigación en impasse

El accidente ferroviario de Santiago de Compostela, que dejó 79 muertos y 131 heridos, cumple un año este jueves con la investigación judicial en impasse, con nuevo juez al frente de la investigación judicial, Andrés Lago Louro, y la incógnita de las imputaciones de Adif.

Lo que no ha variado, 12 meses después, es el panorama para el maquinista, Francisco Garzón Amo, que conducía despistado tras recibir una llamada momentos antes del accidente y permanece en libertad imputado por 79 delitos de homicidio y una pluralidad de delitos de lesiones, todos ellos cometidos por imprudencia profesional.

El hasta ahora instructor de la causa, Luis Aláez, obtuvo a principios de año la plaza de titular del Juzgado de lo Penal número 1, pero ha seguido al frente del Juzgado de Instrucción número 3 de la capital gallega hasta que el nuevo titular se ha incorporado, el pasado 20 de junio.

La hipótesis que hereda el nuevo juez

Lago Louro hereda una investigación marcada por la sospecha por parte de su antecesor de que el despiste del conductor no fue el único causante del siniestro, sino que hubo también responsabilidad por parte del encargado de supervisar los sistemas de seguridad en la línea, Adif, administrador de infraestructuras ferroviarias, dependiente del Ministerio de Fomento.

La hipótesis de Aláez, que concuerda con la que mantiene el abogado defensor de Garzón Amo, es que los responsables de Adif incrementaron el riesgo en el tramo Ourense-Santiago "de forma muy significativa" con su decisión de ejecutar "un novedoso y complejo enlace ferroviario que no tiene las medidas de seguridad suficiente", tal y como recoge el auto del pasado 9 de mayo con el que imputó a la excúpula de este organismo.

Sin embargo, esta línea de investigación del juez Aláez ya recibió un revés por parte de la Audiencia Provincial en noviembre, cuando dejó sin efecto las imputaciones a 22 ex altos cargos y cinco técnicos de Adif en respuesta al recurso interpuesto por el propio ente estatal, a través de la Abogacía del Estado.

Ahora, hace apenas cuatro días, los magistrados de la Audiencia volvieron a encontrarse ante la misma deliberación, todavía pendiente de resolución: la que les obliga a pronunciarse sobre los recursos de Abogacía del Estado y Fiscalía a las imputaciones a una docena de exresponsables que formaban parte del consejo de administración del administrador de infraestructuras ferroviarias en diciembre de 2011, cuando el ministro José Blanco inauguró la línea.

Dicha decisión será determinante para el trabajo del nuevo instructor, quien pidió las vacaciones durante el mes de julio, precisamente, para dedicar todo agosto --cuando baja la actividad en los juzgados-- a ponerse al día con el vasto sumario.