La defensa de Rosario Porto apunta al pederasta de Ciudad Lineal

La Fiscalía y la acusación popular han mantenido hoy sus peticiones de pena para los padres de Asunta Basterra Porto, acusados de la muerte violenta de la niña hace más de dos años, al igual que han hecho las defensas, que se han reafirmado y continúan solicitando la libre absolución.

El representante del Ministerio Fiscal, Jorge Fernández de Aránguiz, ha defendido que son responsables como coautores de un delito de asesinato "con alevosía" y con el agravante de parentesco, puesto que idearon un plan "de común acuerdo" y por ello solicita para cada uno de ellos la pena de 18 años de prisión.

La acusación popular que ejerce la asociación Clara Campoamor también ha mantenido su escrito de calificación en el que sostienen que tanto el padre como la madre de Asunta idearon y ejecutaron conjuntamente el plan para asesinar a su hija, por lo que piden la pena máxima para Basterra y Porto, de 20 años de prisión.

Sin embargo, la Fiscalía sí que ha reclamado nuevas pruebas para el desarrollo del caso, como la prueba testifical de la funcionaria que atendió a los padres de Asunta "el día en el que se presentaron en el juzgado para pedir que le dejasen incinerar el cadáver de la víctima".

Otra de las pruebas que ha pedido incorporar ha sido ejemplares de dos periódicos gallegos de la primera semana de la instrucción, en los que aparecieron filtraciones sobre qué cámaras de seguridad de la ciudad de Santiago "pillaron" a Rosario Porto con la hija en el coche en dirección a la casa de Teo. "Mi tesis es que Rosario Porto (a través de estas publicaciones) cambia de declaración porque se supo que las cámaras la tenían pillada", ha explicado.

El furgón que ha trasladado a Rosario Porto y Alfonso Basterra a su llegada en los juzgados de Santiago. Foto: Ainhoa Furundarena | ETB

Durante la sesión, el abogado que defiende a Rosario Porto ha solicitado incorporar "impresiones" de medios digitales en los que se describen las características de las víctimas del pederasta de Ciudad Lineal, cuyo "modus operandi" ha vinculado con el crimen que acabó con la menor.

Junto a esta petición, el letrado ha trasladado al jurado popular y al presidente del tribunal su intención de presentar varias pruebas más, entre los que se encuentran documentos y oficios. También ha renunciado a dos testigos, pero ha pedido dos nuevos, el portero del piso en el que vivían los padres de Porto y otro que "ratificaría" que esta abrió una cuenta a nombre de la niña que "sigue ahí intacta".

"Al final de todo no habrá una sola prueba que pueda convencerles de la culpabilidad", ha aseverado Aranguren interpelando a los miembros del jurado y antes de asegurar que él no debe demostrar la inocencia de la madre de Asunta. "Doña Rosario no fue, y punto final. Se acabó", ha enfatizado.

Por su parte, la abogada que representa a Alfonso Basterra ha solicitado incorporar a la causa fotografías de una actuación de ballet en las que figuran compañeras de la menor. Con ello, pretende demostrar que las de la hija adoptiva de su cliente, que trascendieron durante la instrucción del caso, son "inocuas", con el objetivo de que el jurado valore "si tales actitudes merecen el reproche y el comentario" que están recibiendo en debates e informaciones en diferentes medios de comunicación.

Asimismo, ha pedido que los propios miembros del jurado se desplacen hasta la pista de Teo (A Coruña) en la que se localizó el cadáver con el propósito de determinar cómo pudieron suceder los hechos. A mayores, ha aportado imágenes y otros documentos.

La Fiscalía y la Acusación Popular, que ejerce la asociación Clara Campoamor, han coincidido en que el papel de los padres adoptivos de la menor no fue el oportuno, y mucho menos el esperable, durante la instrucción.

"Hubo de todo menos colaboración, una total obstrucción", según ha denunciado Ricardo Pérez, el abogado de la organización personada, que vela por los derechos de la infancia.

El representante del Ministerio Fiscal, Jorge Fernández de Aránguiz, ha señalado que los padres, a los que acusa de idear un plan "conjunto" para acabar con la vida de esta menor de altas capacidades, "ocultaron elementos fundamentales para la investigación".